Ciudad de México. Durante la primera sesión de la etapa intermedia del proceso que se sigue al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, su defensa logró que se desecharan como pruebas —por considerar que el Ministerio Público Federal obtuvo de manera ilegal los documentos y que se violó el secreto bancario—, los comprobantes de las transferencias financieras realizadas por empresas fantasma controladas por Odebrecht a dos compañías aperturadas por Lozoya a través de las cuales se transfirieron recursos al ex funcionario, asimismo se excluyeron todas las comprobaciones de las transferencias que se hicieron a través del sistema financiero suizo.

De la misma manera, se excluyen como pruebas las acreditaciones del acuerdo reparatorio que alcanzó la empresa Odebrecht en Estados Unidos.

Los elementos excluidos para lo que sería la etapa de juicio son considerados puntos trascendentes en las investigaciones del caso Odebrecht en donde según las indagatorias Emilio Lozoya Austin recibió sobornos por 10.5 millones de dólares para beneficiar a la constructora brasileña.

Durante la audiencia de la etapa intermedia, a cargo del juez Gerardo Genaro Alarcón López, tanto Emilio Lozoya Austin, su madre Gilda Margarita Austin y Solis y la defensa de ambos, plantearon su disposición de cumplir con un acuerdo reparatorio que a decir de ellos ya se había avanzado desde abril del año pasado y que no se firmó.

Al respecto Emilio Lozoya señaló que él había cumplido con los términos establecidos con la Fiscalía General de la República (FGR) para llegar a un acuerdo reparatorio y obtener un criterio de oportunidad y aseguró que entre las acciones que el Ministerio Público Federal ha llevado a cabo a partir de su colaboración estaba la presentación de una denuncia contra personas que habían incurrido en delitos y la materialización de sus señalamientos en diversas carpetas de investigación , así, señaló “la FGR ha utilizado la información que aporté para que se iniciara un proceso penal en contra de un ex senador del

PAN (Jorge Luis Lavalle), también en contra de un ex director de Pemex que se encuentra prófugo de la justicia y de un ex diputado federal (Ricardo Anaya)”.

“La FGR ha podido avanzar exitosamente en las investigaciones y debo señalar que no obtuve ningún beneficio como servidor público. Conseguí con mucho esfuerzo el monto de reparación del daño que se estableció con base en peritajes oficiales”, que a decir de la defensa de Lozoya Austin ascendía a alrededor de 200 millones de pesos.

Al inicio de la audiencia el ex director de Pemex señaló que confiaba en las autoridades y que se firmara el convenio correspondiente a fin de obtener el criterio de oportunidad, pagar la reparación del daño solicitado y se retiraran los cargos en su contra

En tanto, Gilda Margarita Austin y Solis quien participó en la audiencia a través de video conferencia señaló : “los hechos que se me atribuyen no cometí”, y pidió “que el Estado no utilice a mujeres como rehenes”, en alusión a que ella se encuentra a proceso penal y también está acusada su hija Susana y su nuera Marielle Helene Eckes.

Asimismo, extornó “por qué mi hijo está en la cárcel y los responsables están libres. Señor Andrés Manuel López Obrador, por qué los culpables no son perseguidos y las mujeres sí”.

Una vez hechas sus manifestaciones y pedir que se llegara a un acuerdo, la propuesta fue rechazada por los representantes del la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lo que el juez Alarcón López dijo: “Al no existir acuerdo avanzamos en esta audiencia intermedia”.

La defensa de Emilio Lozoya Austin encabezada por Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda entonces promovieron una incidencia y cuestionaron la personalidad jurídica que se ha dado a la UIF y a Pemex señalando que para ellos ambas instituciones no tienen la condición de victimas ni de afectados por los delitos que se imputan a Emilio Lozoya Austin, su madre, la esposa del ex director de Pemex y su hermana, así como una empresaria de bienes raíces.

De acuerdo con la defensa de Lozoya Austin ni Pemex ni la UIF han demostrado haber sido afectadas moral, financiera u operativamente por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, ya que lo único que piden es que se entregue como reparación de daño los recursos que habría recibido Emilio Lozoya, pero indicaron al retomar los señalamientos del Ministerio Público, que las acciones del ex director de Pemex habían constituido una amenaza y no un hecho probado que generara un daño a las instituciones.

En ese contexto, adelantaron que presentará un amparo porque su incidente y argumentos fueron rechazados por el juez y puntualizaron que buscarían mediante este recurso legal que se establezca a quién se debe depositar el dinero que se ha pedido como reparación del daño ya que tanto Pemex como la UIF no son consideradas con la personalidad jurídica adecuada para ello.

Una vez desahogado el punto, el juez declaró abierta la audiencia intermedia y procedió a que la FGR presentara de manera sintética la acusación contra Lozoya.

En ese contexto se expuso que el ex director de Pemex tuvo acuerdos con representantes de Odebrecht, particularmente con Luis de Meneses Weyll que era el representante de la constructora brasileña en México y que para ello de 2009 a 2012 recibió más de 4 millones y medio de dólares por asesoría, aclarando que aquí no era un funcionario público y posteriormente entre 2013 y 2014 recibió 6.5 millones de dólares a fin de beneficiar con contratos de obra pública a Odebrecht y que por ello “en su calidad de director de Pemex recibió 5 millones 951 mil 351 dólares, esto en octubre de 2013 y que comprometió con Meneses Weyll para que Pemex le otorgara un contrato en la refinería Tula 1”.

El Miniesterio Público Federal señaló que Emilio Lozoya transfirió 185 mil dólares, que le habían sido otorgados por Odebrecht, a una cuenta bancaria cuya titular era su madre y también que destinó 1.2 millones de dólares para una propiedad en Ixtapa Zihuatanejo.

La audiencia, dijo el juez, debía llegar hasta la etapa en que se realizara la declaratoria de auto de apertura de juicio, sin embargo, la diligencia se fue alargando una vez que se llegó a la revisión de las pruebas que debe ser analizadas en la etapa de juicio y fue ahí donde la defensa de Lozoya Austin se apuntó triunfos legales y logró que se desechara pruebas consideradas importantes para demostrar la responsabilidad del ex funcionario en los delitos que se le acusan y que deban general el pago de una reparación del daño.

La primera prueba que el juez Alarcón López consideró que la FGR presentaba y que se había obtenido de manera ilegal fue la obtención del acuerdo reparatorio que la empresa Odebrecht alcanzó en Estados Unidos, ya que la defensa argumentó que no se podían, por las normas mexicanas, incluir antecedentes procesales que se relacionaran por este caso y también que inicialmente la autoridad mexicana había conocido de este proceso al obtener ilegalmente correos electrónicos que constituyen comunicaciones privadas entre dos personas sin que se hubiesen tenido con autorización judicial.

La segunda prueba que le rechazaron al Ministerio Público Federal fueron todos los documentos financieros entregados por las autoridades suizas al gobierno mexicano en los que constan las transferencias realizadas por Odebrecht a la empresa Latin American Capital Holding, esta última aperturada por Emilio Lozoya y que acreditan las transferencias de los recursos de presunto soborno que se hicieron al ex funcionario.

El juez consideró que se violó el secreto bancario lo cual constituye una violación a las leyes mexicanas, ya que se entregaron más de 200 correos electrónicos e información bancaria de distintas personas sin que existiera un control judicial de ellos y carecieran de autorización para su entrega por parte de los involucrados, por lo que decretó la exclusión de este medio de prueba.

El tercer elemento que se excluyó fue la información entregada en cuatro discos en los que se tienen los comprobantes de las transferencias realizadas por las empresas out short por las cuales Odebrecht realizó la entrega de sobornos a funcionarios en diversos países, y de manera particular a las empresas Latino Amercian Capital Holding y Secapa, ambas en las que Emilio Lozoya aparece como beneficiario.

La defensa de Lozoya Austin argumentó que Luis de Medeses Weyll entregó esa información sin contar con la calidad jurídica para hacerlo violando el secreto bancario de diversas personas y por ello se determinó la exclusión de esa prueba.

Entre las pruebas aceptadas está que se obtengan los testimonios de Marcelo Bahia Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll, y cuatro más de los principales integrantes de la empresa Odebrecht como parte de los testimonios con los que se pretende demostrar la responsabilidad del ex director de Pemex en los delitos que le imputan.

Luego de seis horas de debate, la defensa de Lozoya, el juez y los representantes de la FGR, UIF y Pemex acordaron continuar con la audiencia el próximo lunes a las 2 de la tarde, ya que la defensa del ex director de Pemex informó que impugnará la validez de alrededor de otras 15 de las 66 pruebas proyectada por el Ministerio Público Federal.