Ciudad de México. Varios de los 94 opositores nicaragüenses que el mes pasado fueron despojados de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega, por considerarlos “traidores a la patria”, pidieron el viernes apoyo y protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una audiencia de oficio de la CIDH, celebrada en Washington como parte de su 186 período de sesiones, la Comisión indicó en un informe que 31 de las 94 personas declaradas “apátridas” el pasado 16 de febrero tienen más de 60 años de edad y también fueron despojadas de sus pensiones de vejez a las que por ley tienen derecho.

“Tengo 69 años y trabajo desde los 18. Me fue anulada mi pensión y estoy en el destierro”, dijo en un video proyectado en la sesión la periodista y activista feminista Sofía Montenegro, una de las afectadas con el despojo de la nacionalidad.

Además de Montenegro, quien huyó del país tras conocerse la inédita resolución judicial, los periodistas exiliados Lucía Pineda y Aníbal Toruño fueron despojados de sus viviendas en Nicaragua, que pasaron a manos del Estado, al igual que los de las otras 91 personas perjudicadas.

“El traslado forzado es un crimen de lesa humanidad”, advirtió el abogado Uriel Pineda, radicado en México y también calificado de “apátrida” por el gobierno nicaragüense. Pineda solicitó a la CIDH “medidas cautelares para todos los afectados", a fin de poder contar “con una protección internacional”.

El despojo de la nacionalidad nicaragüense y la confiscación de bienes fueron aplicados, entre otros, al reconocido escritor Sergio Ramírez, a la poeta Gioconda Belli, así como a 22 periodistas, abogados, activistas sociales y defensores de derechos humanos exiliados desde las protestas sociales de 2018.

Varios países han ofrecido la residencia y nacionalidad a los nicaragüenses afectados, entre estos España, Argentina, Chile, Colombia, México y Brasil.

También fueron afectados con el retiro de la nacionalidad 222 opositores ex carcelados y deportados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero, entre ellos, siete ex aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2021, cuando Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo.

Según la CIDH, al menos 87 de las 316 personas “apátridas” son beneficiarias de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una docena goza de medidas cautelares de la CIDH.

La comisión señaló que el retiro de la nacionalidad afecta también a hijos, nietos y otros familiares de los afectados, que desde entonces viven soportando “amenazas y asedio policial” dentro de Nicaragua.

El informe citó el caso de una joven a quien se le expidió “una nueva acta de nacimiento, luego de borrar el apellido del padre”, lo cual ahora afecta sus trámites en su país de residencia actual.

“Despojarlos de su nacionalidad y eliminar sus nombres de los registros públicos tiene un impacto en la identidad y la vida de las personas y de sus hijos”, afirmó Esmeralda de Troitiño, relatora para Nicaragua de la CIDH.

Indicó que los países signatarios de la Convención contra la Apatridia deberían acoger a las personas afectadas, por lo que instó a los nicaragüenses a “explorar” alternativas de ciudadanía en esas naciones.

“La pérdida de la nacionalidad equivale a la muerte civil y esto es un delito grave”, advirtió a su vez el comisionado Joel Hernández, que acompañó a la CIDH durante sus primeras visitas a Nicaragua en 2018, para documentar violaciones de derechos humanos durante la represión estatal a las protestas cívicas.

Por su parte Carla Sequeira, abogada y defensora de derechos humanos, también exiliada, abogó por la vida y la integridad de 37 “presos políticos” -36 hombres y una mujer- que aún están encarcelados, entre ellos, el obispo católico Rolando Álvarez y el reo Fanor Alejandro Ramos, que se negaron a abordar el avión rumbo al destierro el 9 de febrero.

“Pedimos a la CIDH que siga acompañando a las víctimas con medidas cautelares de manera diligente”, dijo a su vez Braulio Abarca, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

Al cierre de la audiencia, la presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, dijo que el gobierno de Nicaragua actuó “de manera ilegal y en violación de leyes existentes”, y prometió que la CIDH seguirá “trabajando ávidamente para procurar corregir estas violaciones graves y desproporcionadas contra el pueblo de Nicaragua”.