El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, operaba con su círculo más cercano “una trama de corrupción” que entre 2006 y 2018 obtuvo “una cantidad espeluznante” de 700 millones de dólares (alrededor de 14 mil millones de pesos) por operaciones ilícitas, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

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Inclusive, afirmó que como parte de las operaciones que realizaron las empresas de García Luna que formaban parte de esta red, hay una transferencia interbancaria del 24 de abril de 2015 consignada dentro del sistema financiero mexicano de parte del Partido Acción Nacional (PAN) por un millón 160 mil pesos.

“El conecte comercial que había entre el PAN y una empresa encabezada por García Luna no era ajeno a la relación con su partido, que es lo que se ha dicho. Se han dicho muchas cosas en descargo de responsabilidades políticas evidentes, pero no sólo hay eso, sino también vínculos que ya no son del tipo que tienen que ver con ideas, planteamientos, sino algo mucho más cercano al grado de tener un vínculo comercial”, subrayó Gómez en alusión al intento de deslinde del blanquiazul del ex secretario, quien fue declardo culpable por cinco delitos ligados al narcotráfico y el crimen organizado en una corte estadunidense.

Por estas operaciones, el gobierno mexicano presentó una demanda civil ante una corte de Florida, Estados Unidos, a fin que se recuperen los recursos.

Presente en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este jueves se realiza en el llamado Búnker ahora a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero que en su momento fue la sede emblema de García Luna, el jefe de la UIF indicó que la información sobre esta trama de corrupción ya se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), y se está a la espera que el titular de esa dependencia, Alejandro Gertz Manero, presente las denuncias y solicite las órdenes de aprehensión correspondientes.

Gómez indicó que como parte de esta red participaron personajes cercanos al hombre que fuera la mano derecha en seguridad del ex mandatario federal, Felipe Calderón, como su esposa Linda Cristina Pereyra; su ex colaborador Luis Cárdenas Palomino, entre otros.

Agregó que de 2006 a 2012 (periodo de Calderón), dos entidades del gobierno federal suscribieron diez contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna, por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares.

“Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras”. Aunque esas empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigidas por García Luna”, detalló Pablo Gómez.

Indicó que en esta etapa tal entramado contractual está dispuesto de la siguiente manera: la empresa Nice Systems Ltd, que tuvo tres contratos por parte de la Policía Federal a cargo entonces del comisionado Rodrigo Esparza Cristerna, por un monto de 69 millones 100 mil dólares; y la empresa NUNVAV Inc a la que se otorgaron dos contratos por 14 millones 500 mil dólares, en uno de los cuales intervino Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional, y quien actualmente está preso en México bajo proceso por otros delitos, aunque está denunciado por estos delitos de la trama de corrupción ligada a García Luna.

El titular de la UIF continuó: “Luego fueron otorgados a la empresa NUNVAV Inc cinco contratos por parte del Órgano Preventivo de Prevención y Readaptación Social, que son las prisiones, a cargo del comisionado Eduardo Enrique Gómez García, con la participación de Gonzalo Villareal Guerra, como coordinador general de los centros federales. El monto ascendió a 233 millones 75 mil 995 dólares”.

La información obtenida por la UIF también revela los vínculos de la red de empresas de García Luna con dependencias federales de seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Esta trama de corrupción no sólo operó bajo el gobierno panista (de Calderón), sino el priísta subsecuente, porque en ese momento ya estábamos en una situación muy desarrollada del sistema PRIAN, visto como sistema, no es una serie de relaciones causística, sino es todo un desarrollo que tiene ya carácter histórico y que se expresa en la vida cotidiana y política del país”, detalló Gómez.

Refirió que en este sexenio se firmaron con dependencias bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación, se suscribieron 19 contratos por un total de 410 millones 101 mil 358.51 dólares y 363 millones 866 mil 666.60 pesos.

Una vez más, a la empresa NUNVAN Inc. se le dieron nueve contratos por parte del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a cargo en ese momento de Eugenio Imaz, por un total de más de 44 millones de dólares y 15 millones de pesos, y cuando estaba a cargo, como director general Alberto Bazbaz Sacal, por un monto de 52 millones 200 mil pesos.

A la vez, otra empresa llamada NUNVAV Technologies Inc –distinta a la anterior aunque con los mismos dueños y el mismo personal— se firmó un contrato de 208 millones 832 mil 31.25 dólares por parte del director general Eugenio Imaz.

De nuevo, con la empresa a la NUNVAV Inc. le dieron cinco contratos estando a cargo del organismo de prisiones, cuatro de éstos por 157 millones 50 mil dólares y uno más por 270 millones de pesos.

En ese periodo (2012-2018), añadió Pablo Gómez, esa compañía también tuvo tres contratos con el gobierno de la Ciudad de México, a cargo entonces de Miguel Ángel Mancera.

“Quiero decirles que estas empresas son controladas corporativamente por una sola familia en los Estados Unidos, que se apellida Weiber”.

Como parte del entramado de empresas ligadas a García Luna, la UIF también detectó una llamada Glac Security Consulting Technology, cuyo dueño es el ex secretario de Seguridad Pública y su esposa. A partir de esa compañía, se daban las conexiones con las otras y el dinero salió de México rumbo a Barbados y después de ahí terminó en Florida.

Gómez insistió en que la FGR ya cuenta con la información para actuar contra los implicados en esta trama, aunque acotó que el trabajo de la UIF es sólo información y no puede ser usada como prueba en un juicio, sino que para obtener éstas, el Ministerio Público debe convertirlas en elementos probatorios.

“No sólo están indiciados, están abiertas carpetas de investigación, hemos insistido en la FGR que es necesaria la solicitud de las órdenes de aprehensión, los Weiber está denunciados en México, estos de la holding americana están denunciados por el gobierno mexicano ante la FGR y están en la carpeta de investigación de la Fiscalía.

Pablo Gómez resaltó un dato “relevante” que se dio que como parte del proceso civil en Florida, y fue que García Luna, su esposa y otros de los denunciados fueron citados ante la Corte y no concurrieron al juicio.

“Y se les pasó el tiempo, están en una situación de rebeldía, no se considera desacato porque no tienen obligación de concurrir, (pero) la persona que está demandada por la vía civil que no concurre esta implícitamente admitiendo ante ese tribunal que las cosas son como el demandante las dice”. Indicó que aun cuando García Luna ya estaba preso por el juicio que se le siguió en una corte en Nueva York, pudo haber asistido a través de sus abogados, lo cual no sucedió.