La oposición en la Cámara de Diputados celebró que un tribunal federal ordenara la restitución de Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

El panista Santiago Creel, presidente de la mesa directiva, dijo “era lógico” que así ocurriera. “Quien nombre y remueve al secretario ejecutivo es el Consejo del INE y nadie más. No me sorprende la resolución del juez; quizá le sorprenda al presidente de la República que, estoy seguro, no está recibiendo una buena asesoría, menos una buena asesoría constitucional”, afirmó.

Por su parte, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los perredistas señaló: “queda claro que Morena legisla mal, aprueba leyes por contentillo del presidente y contrarias a la Constitución. Ya comenzó a caerse su plan B (Reforma Electoral)”.

Diputadas del PRI anunciaron que la próxima semana interpondrán una controversia constitucional porque el Plan B “afecta los derechos de las mujeres” de manera significativa, además de ser “un retroceso para la democracia”.

Carolina Viggiano manifestó que “quita posiciones a los grupos en situación de discriminación, como son los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, entre otros”. Además de que los cambios en materia electoral “permitan que cualquier persona que no cumple con sus obligaciones alimentarias o sea violenta pueda ser candidato a un puesto popular.

Creel, por otro lado, expresó su apoyo a la ministra presidenta la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, Norma Piña, “por los agravios recibidos inmerecidos por parte del presidente de la República; nuevamente está confrontando, dividiendo, atacando a un Poder. El presidente miente, ofende y agravia al sistema de división de poderes”.

Señaló que el mandatario debe asumir también su responsabilidad en el combate al crimen organizado y debe comunicarse con el gobierno de ese país por el caso de los ciudadanos estadunidenses.

Es lógico, dijo, que el gobierno de Estados Unidos, congresistas y senadores reclamen porque dos de sus ciudadanos perdieron la vida. “Lo que no es lógico, es que el presidente de la República no asuma su responsabilidad; voltea a ver a otra parte”.

Pero “no vamos a permitir ninguna intervención en decisiones que nos corresponden a los mexicanos. Todo lo que pase dentro del territorio nacional en materia de seguridad y de crimen organizado es concerniente al Gobierno federal”, sostuvo.