Matamoros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda; al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y a la fiscal general del estado, Verónica Hernández, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por la desaparición forzada de seis jóvenes en Veracruz, en diciembre de 2013.
En la recomendación 89VG/2023 por graves violaciones a derechos humanos, señaló que las víctimas fueron detenidas de manera arbitraria por elementos de la Semar, de seguridad pública estatal y de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) en la colonia Formando Hogar.
Los primeros tres jóvenes fueron detenidos mientras convivían en un establecimiento ubicado en la citada colonia el 6 de diciembre de 2013. “Los agresores sacaron del inmueble a las víctimas, les hicieron una revisión física y fueron subidas a los vehículos, llevándoselos con rumbo desconocido”.
En tanto, el 11 de diciembre de 2013, otras tres personas fueron detenidas en lugares ubicados en la misma colonia. En tales acontecimientos se acreditó la intervención de un convoy integrado por vehículos de la PGJ y al menos dos patrullas de la seguridad pública estatal y la Semar de las cuales una tenía el número económico cubierto con un papel, además de dos camionetas tipo Suburban.
De acuerdo con lo expuesto por la CNDH, en el periodo en que ocurrieron las desapariciones forzadas en el estado de Veracruz “prevalecía un contexto de despliegue de elementos navales, ello debido a la implementación de un Convenio de Coordinación para Proporcionar Apoyo en Materia de Seguridad Pública".
Al respecto, la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que acompaña el caso, saludó la recomendación de la CNDH, en la que también se pide a las autoridades la reparación integral del daño. La abogada Cinthya Juárez Luna destacó que lo resuelto por la comisión “es muy importante porque establece que existen elementos suficientes para determinar que fue desaparición forzada”.
Además, confió en que después de esto, la Semar “se pueda abrir para investigar la responsabilidad de los servidores públicos” que participaron en los hechos de 2013.
No obstante, lamentó que en el documento no se haya pronunciado sobre el trabajo de la Fiscalía General de la República, la cual cuenta con una investigación desde 2016.
En su recomendación, la CNDH también reconoció que este mecanismo se emitió como una contribución al seguimiento de las Acciones Urgentes del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, “dentro de los cuales en su parte medular se destacan el realizar un proceso de búsqueda integral y una investigación seria, exhaustiva e imparcial que permita establecer la suerte y paradero de las víctimas, tomando en consideración el contexto en que ocurrieron”.
