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Tribunal argentino fundamenta condena contra Fernández de Kirchner

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El tribunal que condenó a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua sostuvo que su decisión se debió a que se encontró ante un "hecho de corrupción estatal". Foto Afp / Archivo
09 de marzo de 2023 13:40

Buenos Aires. El tribunal que condenó a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua sostuvo que su decisión se debió a que se encontró ante un "hecho de corrupción estatal", según los fundamentos de la sentencia publicados este jueves.

"Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos", refirió el Tribunal Oral Federal número 2 en un documento de más de 1 mil 600 folios publicado tres meses después de emitido el veredicto.

Con esta publicación se abre el plazo para apelar la sentencia de primera instancia. En principio se trata de un periodo de diez días, pero puede ampliarse, explicaron fuentes judiciales.

La vicepresidenta no reaccionó de inmediato, pero en el pasado ha denunciado que la justicia actuó con motivaciones políticas en busca de proscribirla. El viernes tiene previsto un acto público en la localidad de Río Negro (sur), en momentos en que comienzan a asomar las pre candidaturas para las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre.

Kirchner, de 70 años y quien goza de fueros por ser vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, fue declarada culpable el pasado 6 de diciembre por "administración fraudulenta" en la adjudicación de licitaciones para obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), su cuna política.

El tribunal calculó el daño patrimonial en más de 84 mil millones de pesos (unos 407 millones de dólares al tipo de cambio actual).

Además de Kirchner, fueron condenados en ese juicio el empresario Lázaro Báez, beneficiario de las licitaciones, y otras ocho personas. Tres de los acusados fueron absueltos y para uno la causa prescribió.

 

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