Washington. Aunque el Presidente Joe Biden ha condenado lo que llama crímenes de guerra de Rusia en Ucrania y ha llamado por el enjuiciamiento de Vladimir Putin, su propio gobierno ahora está rehusando compartir información sobre estos supuestos delitos con la Corte Penal Internacional en La Haya por preocupaciones de que esta colaboración podría establecer un precedente que podría llevar al enjuiciamiento de militares estadunidenses por crímenes de guerra.

De hecho, Estados Unidos tiene una ley que específicamente establece que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene la autoridad para presentar casos de crímenes de guerra contra ciudadanos, oficiales del gobierno o militares estadunidenses y autoriza el uso de fuerza militar para “rescatar” a cualquier ciudadano u oficial estadunidense que sea presentado para ser enjuiciado en La Haya.

Estados Unidos es uno de siete países que votaron en contra de establecer la CPI y ha rehusado ratificar esa convención hasta la fecha. Ahora el gobierno de Joe Biden está promoviendo que la Corte proceda a enjuiciar a rusos por crímenes de guerra, pero insiste en que al mismo tiempo ese mismo tribunal no tiene ninguna autoridad para evaluar ningún crimen de guerra estadunidense en el mundo.

Esta renuncia a aceptar la autoridad de la CPI para sí mismo fue resaltada el año pasado por la diputada federal demócrata Ilhan Omar. Después de coincidir con Biden en que Putin debe ser calificado como un “criminal de guerra”, la diputada declaró que es hipocresía llamar por el enjuiciamiento de Rusia mientras que Estados Unidos se opone a cualquier investigación criminal de Estados Unidos y rehúsa colaborar en todo con ese tribunal. “Si nos oponemos a investigaciones sobre países como el nuestro que no se han sumado al CPI, ¿cómo podemos apoyar una investigación sobre Rusia, otro país que no se ha sumado a la corte?”, preguntó.

Pero el Pentágono está preocupado por esta contradicción. “Líderes militares estadunidenses se oponen a ayudar a la corte a investigar a los rusos porque temen establecer un precedente que podría llevar a que enjuicien a estadunidenses”, reportó el New York Times esta semana. El rotativo reporta que otras agencias del gobierno han presionado a favor de la colaboración de Washington con al corte sobre el caso de Ucrania pero con el entendido de que Estados Unidos continuará rechanzando participar con esa corte en otros asuntos.

Existe un consenso bipartidista en Washington en contra de participar en la CPI desde sus inicios en los noventa. En 2002, el Congreso aprobó y el entonces presidente George W. Bush promulgó una ley que específicamente prohíbe al gobierno de Estados Unidos cooperar con la CPI, incluyendo otorgarle fondos, información o cualquier apoyo para sus actividades. “La Ley de Protección de los Americanos en los Servicios [militares]” autoriza al presidente de Estados Unidos a “usar toda medida necesaria y apropiada para lograr la liberación de cualquier persona” estadunidense detenida bajo órdenes de la corte -medida que informalmente fue calificada como “Ley de la Invasión de La Haya”.

La prohibición original sobre la colaboración de Estados Unidos con la CPI sí incluía una excepción para el enjuiciamiento de enemigos de Washington tales como Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Osama bin Laden y otros líderes de Al Qaeda y del Jihad Islámico. Más recientemente Estados Unidos ha prestado apoyo retórico para el enjuiciamiento de algunos líderes africanos acusados de crímenes de guerra.

En las últimas dos décadas, el juez español Baltasar Garzón, quien busco enjuiciar al dictado chileno Augusto Pinochet, también ha sugerido que el presidente Bush, su vicepresidente Dick Cheney y otros estadunidenses sean formalmente acusados de crímenes de guerra en Irak. El gobierno estadunidense se ha opuesto vigorosamente contra estos esfuerzos y más recientemente el entonces presidente Donald Trump sancionó a funcionarios de la CPI por atreverse a sugerir la posibilidad de una investigaciones por crímenes de guerra durante la ocupación estadunidense de Afganistán. Y bajo el gobierno de Biden, el secretario de Estado Antony Blinken se ha opuesto a la decisión de fiscales de la CPI de abrir una investigación sobre el trato de palestinos por Israel.

Pero Biden, su equipo y el Congreso apoyan un proceso judicial contra Rusia y su líder Putin ante la CPI. En diciembre de 2022, el Congreso aprobó una enmienda a la “Ley de Protección de Americanos en los Servicios” específicamente para permitir una colaboración estadunidense con la CPI para investigar crímenes cometidos por Rusia en Ucrania, pero reafirmando a la vez que oficiales y militares estadunidense jamás pueden ser obligados a rendir cuentas ante esa misma corte.

“Hemos participado en un proceso durante tanto tiempo para deslegitimar a estas instituciones internacionales que esencialmente llaman por el rendimiento de cuentas y creo que es realmente preocupante que ahora pensamos que son suficientemente poderosas como para hacer que Rusia rinda cuentas”, comentó la diputada Omar en una entrevista con el Huffington Post.“Es fácil que la gente vea la hipocresía en esas afirmaciones cuando hemos dicho previamente que no creemos en la capacidad de la corte de ser imparcial”.

La justicia, al parecer, no es igual para todos.