Toluca, Méx. El pleno del Congreso mexiquense aprobó el paquete de reformas y adiciones a 11 leyes estatales con las que se pretende combatir y atender de mejor manera la violencia de género y fenómenos como el feminicidio y la desaparición de mujeres niñas y jóvenes.

Las iniciativas fueron elaboradas de manera conjunta por las 37 legisladoras mexiquenses y activistas de derechos humanos, funcionarias estatales y municipales y representantes de ONU Mujeres, quienes eligieron al estado de México para implementar aquí la iniciativa Spotlight, por ser uno de los territorios más violentos para las mujeres.

Durante meses se tuvieron conversatorios y foros donde participaron distintas voces sobre el fenómeno de violencia de género y se escucharon propuestas para modificar el marco legal para hacer mejoras con el fin de enfrentar la problemática con mejores resultados ante el alto incide de impunidad que existe en delitos como feminicidio, desapariciones y violencia sexual, entre otras.

El año pasado, en el estado de México 409 mujeres murieron de forma violenta y solo la tercera parte de estos crímenes fueron tipificados como feminicidios y de estos menos de 20 por ciento están esclarecidos y los culpables fueron detenidos y sometidos a proceso.

La diputada Karina Labastida, presidenta de la comisión de seguimiento a los feminicidios en el Congreso local, indicó que estas reformas aprobadas con el voto unánime de todos los integrantes de la Legislatura “buscan incidir en las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, centradas en la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, para que las autoridades lleguen a tiempo, que se atienda la violencia desde la infancia, que desde la seguridad pública se mire desde una perspectiva de género.

De entrada las reformas obligan a que los servidores públicos de la Fiscalía mexiquense sean sometidos a capacitación constante en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, encaminada a efectuar con la debida diligencia la conducción de la investigación y procesos penales, especialmente tratándose de los delitos vinculados a la violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, desaparición de personas y trata de personas.

Se reformó la ley que crea la Fiscalía para obligar a los servidores de la FGJEM a iniciar la carpeta de investigación, de oficio y sin demora, en todos los casos de violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, trata de personas y desaparición de personas, así como determinar de manera inmediata las medidas de protección que correspondan, evitar una victimización secundaria o el uso de estereotipos discriminatorios que obstaculicen a las víctimas el acceso a la justicia.

También se modificó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para sancionar a quienes inhiban o intimiden a mujeres a no presentar denuncia por delitos de violencia de género y se establece la obligación de indemnizar a las víctimas cuando las autoridades no actúen en casos de violencia contra las mujeres y ello derive en feminicidio.

Para atender el acoso escolar se reformó la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar para reconocer violencia sexual en el entorno escolar como una modalidad de violencia, y se instruye a las autoridades a incluir en el Protocolo para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar el Acoso Escolar medidas especiales relacionadas con la prevención de actos de acoso y abuso sexual en el espacio escolar.

También se aprobaron modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México para obligar a las y los servidores públicos de todos los niveles a denunciar ante las instancias competentes, cualquier presunto caso de violencia en contra de niñas, niños o adolescentes del que tengan conocimiento y se modificó la Ley de Movilidad para obligar a los concesionarios a colocar en sus unidades, elementos tecnológicos como videocámaras y GPS para combatir delitos como la desaparición de mujeres. Además, se obliga a los concesionarios a capacitar permanentemente a los choferes en materia de violencia de género.