Ante la falta de sustento científico de las decisiones mexicanas en relación con el maíz transgénico y la biotecnología, era previsible la solicitud de consultas técnicas en el contexto del T-MEC de parte de Estados Unidos, sostuvo el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda.
En un comunicado se refirió a que se tiene que investigar o señalar el supuesto daño que causa el glifosato, si este herbicida está aprobado en más de cien países y "el Conacyt no ha demostrado la afectación que asegura que tiene este producto, es decir que no hay estudios en México sobre el posible efecto adverso".
Apuntó que México lleva importando maíz transgénico durante más de 20 años y no se han reportado casos de enfermedades o afectaciones por consumir productos elaborados con ese grano.
Con respecto al nuevo decreto, publicado el 13 de febrero dijo que “es contradictorio, ya que prohíbe el consumo de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla y se permite su importación para uso pecuario e industrial, lo que finalmente termina como alimento para las personas”.
Consideró que el primer decreto de 2020 estaba "basado en ideología, donde prohibía el uso de glifosato y del maíz genéticamente modificado a partir de febrero del 2024. Estados Unidos le exigió pruebas científicas al gobierno de México por las prohibiciones y en lugar de presentarlas emite un nuevo decreto que enredó más las cosas”.
González Cepeda comentó que la respuesta de la Secretaría de Economía es ilógica, al decir que demostrarán con datos y evidencia que no ha habido afectación comercial, “claro que no hay afectación comercial porque no se ha prohibido el maíz transgénico. Ellos pusieron un candado a las importaciones, las cuales se cancelarán cuando 'exista suficiencia en el abasto', lo cual estamos muy lejos de que pueda ocurrir, sin embargo, esto generó una incertidumbre innecesaria por parte del gobierno mexicano a nuestro principal socio comercial”.
El presidente de la UMFFAAC concluyó que México está obligado a presentar los estudios científicos o desistir de una prohibición que no tiene sustento científico.
