Hasta la noche de este sábado 4 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había registrado 52 juicios en contra del Plan B.
Algunos de los interpuestos se enfocan no solo en el Congreso de la Unión, donde se aprobó la reciente reforma electoral, sino también en contra del Presidente de la República, y de la Secretaría de Gobernación “entre otros”.
En la mitad de los juicios, según la carátula registral, se incluya en la parte “responsable” al titular del Jefe del Ejecutivo.
Como se ha divulgado, los dos primeros recursos en contra del Plan B fueron entregados en la Sala Superior del TEPJF el jueves por el director jurídico del Instituto Nacional Electoral (INE), Gabriel Mendoza, para impugnar el despido de Edmundo Jacobo Molina, por 14 años Secretario Ejecutivo del INE.
El ex funcionario hizo lo propio unas horas después, y al mismo tiempo promovió un amparo en un juzgado; esta última herramienta ha sido sugerida por los propios consejeros del INE hacia los trabajadores del organismo que eventualmente sean afectados por la reforma – tanto del Servicio Profesional Electoral como de la rama administrativa- así como de ciudadanos, al considerar que el amparo pude frenar este acto de autoridad.
El INE interpuso el recurso como “juicio electoral de urgente resolución”, y colocó como autoridades responsables de su demanda al Congreso de la Unión y otras.
La mañana del miércoles se sabrá si estos dos primeros asuntos, asignados a la ponencia de la magistrada Janine Otálora, están agendados para ser puesto a consideración del Pleno de la Sala Superior, cuyas resoluciones son definitivas e inapelables.
Ayer viernes, primer día de vigencia de la reforma, empezó a crecer el número de juicios que deberá resolver el TEPJF y hasta la tarde-noche del hoy sábado se contaba medio centenar de juicios, aunque la información disponible no ofrece detalles sobre el carácter de los demandantes, quienes interpusieron el trámite desde distintas entidades federativas.
Debido al número de juicios en contra del Plan B, y con el mecanismo de turno aleatorio, varios magistrados, como Otlálora, Rodríguez, Vargas, Soto e Infante, tienen ya bajo su responsabilidad la elaboración de proyectos de resolución.
