La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) aclaró que, en el ejercicio de los mil millones de pesos de recursos federales autorizados a las entidades en el país, transferidos desde 2019, se ha contabilizado un subejercicio de 320 millones de pesos de parte de los gobiernos estatales, que no ejercieron en tiempo y forma esos recursos.
“De 2019 a 2022 se han otorgado más de mil millones de pesos en subsidios a la mayoría de las comisiones locales de búsqueda para su fortalecimiento. Con dicho recurso, además, se han fortalecido las capacidades forenses en diversos estados. Ejemplo de ello son los centros de identificación, laboratorios, centros de resguardo temporal de cuerpos y osteotecas. La operación de cada uno de ellos depende de procesos técnicos con estándares internacionales claros que deben ser cumplidos e implementados por cada entidad federativa”.
De ahí deviene el subejercido, refiere el boletín de prensa de la CNB, que advierte que “las entidades federativas han devuelto al erario público a través de la Tesorería de la Federación (Tesofe), más de 320 millones de pesos, al no ejercerse en tiempo y forma, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los procedimientos de adquisiciones propios de cada entidad federativa.
Esas devoluciones varían en cada caso, sostiene la dependencia de la Secretaria de Gobernación, pues “algunas se relacionan con no haber culminado en tiempo los procesos de construcción o compra o la falta de autorizaciones por parte de las autoridades locales involucradas”.
La CNB subraya que en 2023, se autorizaron 800 millones de pesos asignados en subsidios, cuyos procesos de autorización son analizados por la CNB y la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, con base en los proyectos presentados por cada comisión local de acuerdo con los lineamientos públicos.
Y “hasta el momento, por primera vez desde 2019, la totalidad de las comisiones locales han solicitado el subsidio y 17 de ellas han incluido el tema forense.
Es importante recordar que, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, los subsidios que se otorgan para acciones de búsqueda son asignaciones de recursos federales previstos en el PEF, mismos que se otorgan a las entidades federativas a través de las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas (CLB).
Por ello, la Secretaría de Gobernación emite cada año los lineamientos en donde se precisan las reglas bajo las cuales se asignan y ministran dichos recursos, cuyo ejercicio es responsabilidad de las autoridades de cada entidad federativa.
Y de eso cada CLB tiene las siguientes obligaciones: Ejercer y comprobar los subsidios. Lo anterior significa que el ejercicio del subsidio (la investigación de mercado, los procesos de adquisición – licitaciones o invitaciones, la elección de proveedores, la adjudicación de contratos para la compra de bienes y servicios o de obra pública, verificar que la recepción de bienes y servicios cumpla con los términos de los contratos, el cumplimiento de normas y protocolos, así como todo el proceso relacionado con ello) es responsabilidad absoluta de cada entidad federativa.
“Sujetarse a los mecanismos de registro, transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados, en términos de las disposiciones aplicables.
“Proporcionar a las instancias fiscalizadoras federales y estatales la información que permita la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos; brindar las facilidades necesarias para la realización de auditorías; facilitar a las dependencias y entidades, la información que sea requerida para la integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública; dar seguimiento al ejercicio de los subsidios a través de informes trimestrales y al cierre del ejercicio y a que se cumplan los términos de los Convenios de Coordinación y Adhesión; verificar que la adquisición de bienes y servicios se apegue a los proyectos ejecutivos autorizados: llevar a cabo una evaluación al cierre del ejercicio que permita validar que la adjudicación de contratos”.
