Ciudad de México. En la revisión de la cuenta pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio presupuestal de 2021, alcaldías gobernadas por la oposición –PAN, PRI y PRD– registraron el mayor número de irregularidades en la aplicación del gasto, con lo cual se podrían fincar responsabilidades administrativas, penales o resarcitorias.
Dentro de las observaciones relevantes que la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) reportó en el informe general entregado esta semana al Congreso local, se acumularon 43 recomendaciones con posible promoción legal, el mayor número recayeron en Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón, con nueve, ocho y cinco, respectivamente, por anomalías como omisiones en los procesos de licitación, autorizaciones de pago sin verificación de que la obra se realizara, falta de supervisión, falta de documentación comprobatoria e incumplimientos en las disposiciones legales, entre otras.
Como ejemplo, en el caso del último rubro, la ASCM revisó un contrato por 12 millones 840 mil pesos con la empresa ABC Estudio para rehabilitar un edificio de Protección Civil en Álvaro Obregón y entre las observaciones que la alcaldía no ha subsanado, detectó que la invitación para la adjudicación directa de la obra no contenía los requisitos establecidos en la norma, pues arrancó sin contar con declaración de cumplimiento ambiental ni el estudio de daño ecológico, además de no aplicar retenciones por retraso en la ejecución de obras ni penas convencionales a la empresa por estropicios, trabajos no realizados o deficientes.
También se detectaron diferencias entre cantidades pagadas y las observadas en la visita de verificación física y pagos por trabajos adicionales realizados y conceptos que excedieron la cantidad contratada sin estar autorizados.
En Coyoacán se auditaron dos contratos por 8 millones 65 mil 900 pesos con la empresa Vicalux para rehabilitar y dar mantenimiento al Centro de Desarrollo Cultural Raúl Anguiano. La adjudicación se realizó sin el análisis comparativo de las propuestas para elaborar el dictamen de fallo, no se presentó el estudio de impacto ambiental previo al inicio de la obra, no se llevaron las bitácoras de la obra conforme la norma y se modificaron los contratos sin los convenios y dictámenes correspondientes.
En Cuauhtémoc, para la sustitución e instalación de lámparas de la colonia Obrera, a cargo de la empresa Construcción y Servicios Briza por 22 millones 653 mil pesos, se omitió la supervisión de los trabajos y en las visitas de verificación se detectaron diferencias en las cantidades autorizadas del pago y las que efectivamente ejecutó la compañía, que además no cumplieron especificaciones del convenio.
Las otras 21 observaciones con riesgo de acción legal se distribuyen entre Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Azcapotzalco.
En el caso de las gobernadas por Morena, en la muestra de observaciones relevantes señaladas por la ASCM aparecen 11 recomendaciones con probables acciones: cinco en Tláhuac, dos en Gustavo A. Madero y cuatro en Milpa Alta tras dos auditorías hechas, en tanto que Iztapalapa, Xochimilco, Iztacalco y Venustiano Carranza no tuvieron señalamientos.
