Un centenar de académicos e investigadores envió una carta a la Cámara de Diputados para solicitarle a dicho órgano que abra audiencias públicas donde se analice la iniciativa gubernamental de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, por considerar que hay aspectos “preocupantes” en dicha propuesta.
La carta, con fecha del 15 de febrero, le fue enviada al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel, y está firmada por prácticamente todos los directores de los institutos, escuelas y centros de investigación científica y humanística de la UNAM, reunidos en los Consejos Técnicos de dichas áreas.
En entrevista con La Jornada, Roberto Rodríguez Gómez, director del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, destacó que la misiva busca que se abran foros de “parlamento abierto” o encuentros con las comisiones que van a dictaminar la iniciativa de ley, para que los legisladores “tomen nota de nuestras preocupaciones más importantes”.
Uno de los aspectos que generan inquietud entre los académicos de la UNAM y otras universidades, señaló, es que aunque la propuesta habla de garantizar la libertad de investigación y cátedra, también señala que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) va a “orientar” dichas labores a través de una agenda nacional y varios programas estratégicos.
Lo anterior, dijo el sociólogo, limita la posibilidad de hacer investigaciones de ciencia básica o de nuevos campos de conocimientos que no estén contemplados en dichos lineamientos.
Otra preocupación tiene que ver con el régimen de propiedad industrial e intelectual, pues el Conacyt busca ser propietario o copropietario de las patentes que se generen en las universidades con su financiamiento, sin que quede claro qué beneficios obtendrían los centros educativos.
Por otro lado, en la propuesta de ley desaparece el mandato de que el gasto nacional en temas de ciencias y tecnología sea de al menos 1 por ciento del Producto Interno Bruto, y se obstaculizaría el derecho de los estudiantes a elegir su trayectoria académica al priorizar que las becas sean obtenidas por instituciones públicas.
Asimismo, dijo, se le da el mismo tratamiento a la investigación humanística, el desarrollo tecnológico y la innovación, sin considerar las características particulares de cada campo.
“Sí hay posibilidades de que haya cambios, porque las comisiones pueden proponerlos y presentarlos al pleno. Hay tiempo y procedimientos para ello, lo que no sabemos es si hay voluntad” de la bancada de Morena para dichas modificaciones, indicó Rodríguez.
