Ciudad de México. La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (CEN) respondió a la exigencia de transparencia en la asignación de contratos vía licitación, bajo la modalidad de sesiones de trabajo virtuales.

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, demandó una explicación de la forma en cómo opera la CEN el uso de recursos públicos y esa instancia respondió que “informó puntualmente a las y los integrantes de la Junta de Gobierno que, en este proceso breve y obligatorio de licitación, las sesiones se llevarían a cabo de forma virtual. Esta decisión fue respaldada por la mayoría de este órgano colegiado”.

Esa oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación adujo que “es importante puntualizar que la realización momentánea de la Junta de Gobierno de forma virtual, en ningún momento afecta el fortalecimiento de los planes y medidas de protección que se brindan por parte del mecanismo, prueba de ello, es que fue en esta modalidad virtual que las Juntas de Gobierno, en época de pandemia, se desarrollaron por más de dos años sin ningún menoscabo para los derechos de las personas protegidas y mucho menos para el funcionamiento de la institución, tan es así que en este lapso se integraron a más de 400 personas y se erogaron más de 800 millones de pesos en servicios de protección”.

Así, la CEN, insiste en que como cualquier otra institución de la Administración Pública Federal (APF), debe de contratar a terceros para brindar algunos servicios en el marco de sus atribuciones para el correcto funcionamiento de sus obligaciones.

“En cumplimiento a las leyes respectivas en materia de adquisiciones, hacendarias y presupuestales, la CEN, como corresponde al inicio del año fiscal, abrió los procesos para la contratación de servicios integrales de las Juntas de Gobierno para cubrir todas las necesidades como la alimentación, alojamiento y traslados de quienes intervienen en ellas”.

El acatamiento de estas disposiciones legales, argumenta la oficina de protección, no puede estar a discusión, pues “estos procesos administrativos fomentan la transparencia y la rendición de cuentas en la erogación de los recursos públicos que se destinan al mecanismo de protección federal, ya que la asignación de estos servicios se lleva a cabo mediante un concurso público de licitación”.