Hasta la tarde de este martes, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJEF) no había recibido alguna comunicación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se le informara de alguna suspensión contra la ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales forman parte de las reformas en materia electoral que integran el llamado "Plan B”, aseguró dicha instancia.

Al considerar que de haberse admitido una suspensión sería “inusitado”, adelantó que de confirmarse “tendría que promover los medios de impugnación que establece la ley (…) para revertir los efectos de esta determinación arbitraria e ilegal”.

Tras publicarse en medios de comunicación la admisión de acciones de inconstitucionalidad por parte del ministro Alberto Pérez Dayán, mismas que fueron promovidas por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la Consejería Jurídica de la presidencia de la República recalcó que no habían recibido un “comunicación oficial que confirme, precise o desmienta dicha aseveración”.

Pero de haberse concedido, sería “inusitado” que el ministro lo hiciera, porque, de acuerdo con el Artículo 105 constitucional, “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.

Mediante un comunicado, la CJEF expuso que la Ley General de Comunicación Social “no versa sobre materia electoral”, y su objetivo es regular el gasto público en la materia, por lo que, insistió que “dar carácter electoral” contradice el criterio de regulación de comunicación social.