Ciudad de México. La impunidad que gozó Genaro García Luna durante 12 años, cuando fue alto funcionario mexicano, terminó ayer en Estados Unidos, donde se puso al descubierto la corrupción sistémica que promovió y de la cual se benefició principalmente durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

A lo largo del mandato del panista, García Luna se convirtió en el hombre más influyente del gobierno y los recursos financieros a su disposición se multiplicaron: en 2006 contó con un presupuesto de 9 mil 274 millones y al final de esa administración a la dependencia que dirigió se le asignaron 40 mil 521 millones de pesos.

Desde la SSP federal impulsó la adquisición de programas de espionaje; también, el crecimiento de la Policía Federal, aunque fracasó al intentar que todas las corporaciones federales y las áreas de inteligencia quedarían bajo su mando; asimismo pretendió que sus agentes fueran los encargados de dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y judiciales.

Además, desarrolló, parcialmente, la instalación de bases de policía en el país, en un esquema que en su momento consideró que debía parecerse a la estructura de la policía colombiana y ser él, el jefe de lo que denominaría policía unificada nacional, como lo planteó en su libro ¿Por qué mil 661 corporaciones de policía no bastan?, publicado en 2006.

Asimismo, en 2011 publicó otro texto, titulado Para entender el nuevo modelo de seguridad para México, en el que señaló que en el país no existía una policía capaz de hacer frente a un fenómeno delictivo que ya no podía combatirse sólo a través de detenciones y consignaciones en flagrancia ni de meras estrategias de vigilancia y patrullaje.

Según García Luna, al inicio de la administración de Felipe Calderón, “la realidad de nuestro país en materia de seguridad pública estaba marcada por dos tendencias estrechamente relacionadas y que resultaba urgente revertir: por un lado, el creciente potencial destructivo de la delincuencia, especialmente de las organizaciones criminales y, por otro, el constante deterioro y la debilidad estructural de las instituciones del Estado para hacer frente a las nuevas formas de criminalidad.

“En lo que respecta al narcotráfico, en algunas partes del país el crimen organizado estaba extendiendo sus redes de complicidad con policías municipales y autoridades locales a través del soborno, la cooptación o la intimidación.”

Luego de 12 años como jefe policiaco y principal operador en materia de seguridad pública en México, contar con el apoyo de diversas agencias estadunidenses en el combate a los grupos criminales que actuaban desde México y enviaban droga a Estados Unidos y otras naciones, ayer se le declaró culpable de cinco delitos de conspiración para facilitar el tráfico de cocaína, delincuencia organizada y realizar declaraciones falsas, y revelar que durante su gestión apoyó el crecimiento del cártel de Sinaloa y por ello habría recibido sumas millonarias en dólares para proteger las operaciones de la organización que dirigía Joaquín El Chapo Guzmán.

En el gobierno del también ‘blanquiazul’ Vicente Fox, con quien empezó su carrera de alto funcionario, estuvo a cargo de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación de 2000 a 2006. Foto Guillermo Sologuren

El ex funcionario detenido en diciembre de 2019 en Texas, Estados Unidos, escribió en su libro Para entender el nuevo modelo de seguridad para México que en la gestión de Calderónel diagnóstico era claro: en México no existían las instituciones policiales que se requerían para hacer frente a un fenómeno delictivo tan complejo, y por ello, a fin de construir estas capacidades institucionales fue necesario instrumentar un nuevo modelo de seguridad.

Colaboradores señalados

Desde 2003, cuando García Luna estaba al frente de la AFI, algunos de sus colaboradores más cercanos fueron señalados de encubrir bandas de plagiarios y de apoyar a Ismael El Mayo Zambada y su hermano Jesús, con las operaciones de tráfico de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Como titular de la SSP federal impulsó el crecimiento de la Policía Federal, corporación que recibió en 2006 con una plantilla de 12 mil elementos y la dejó con 20 mil integrantes, de los cuales, la mitad de ellos realizaban funciones administrativas, colocando a sus principales colaboradores al frente de las divisiones: de investigación, de inteligencia, científica, antidrogas, fuerzas federales, seguridad regional, entre ellos Domingo González Díaz, Francisco Garza Palacios, Luis Eduardo Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño, Édgar Eusebio Millán y Tomás Zerón de Lucio.

Actualmente son investigados por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita Cárdenas Palomino (quien se encuentra preso acusado de tortura); Ramón Eduardo Pequeño (indagado en Estados Unidos y México por los mismos cargos). González Díaz es considerado prófugo de la justicia y Tomás Zerón se encuentra en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición, y aquí existen dos órdenes de captura en su contra, por tortura y desaparición forzada.

Durante la gestión de García Luna en los ámbitos políticos se llegó a mencionar que las adjudicaciones realizadas se llevaron a cabo con irregularidades, como fue la compra de patrullas, uniformes, y para evitar cuestionamientos muchas de las obras se hicieron bajo el rubro de gastos en seguridad nacional, con lo que se impidió conocer los montos erogados y los beneficiarios de los mismos. De esa manera se eludieron los cuestionamientos que pudiera haber realizado la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, durante su labor en la SSP se desarrolló un esquema de participación de la iniciativa privada en la construcción de prisiones, y así se pusieron en marcha ocho penales. Su argumento para este procedimiento fue que había falta de recursos públicos para contar en el corto plazo con la infraestructura que permitiera al gobierno federal hacerse cargo de todos los internos de su jurisdicción.

Según las consideraciones de García Luna en 2006, a la llegada de Calderón a la Presidencia, el sistema penitenciario federal acusaba también la falta de capacitación y desarrollo de su personal y la mayoría de las instalaciones penitenciarias eran obsoletas, insalubres, deterioradas, y presentaban graves problemas de sobrepoblación.

En esta administración se denunció públicamente que sólo en 2020, el gobierno tuvo que erogar más de 15 mil millones de pesos como parte del convenio del pago anual a las empresas constructoras de los ocho centro penitenciarios, pues se habían contratado con sobreprecio.