Quito. La Fiscal General de Ecuador informó el miércoles que el ex presidente Lenín Moreno, su esposa e hija y otras 33 personas estarían relacionadas con una red de corrupción transnacional, por lo cual solicitó a la Corte de Justicia que realice una audiencia de formulación de cargos en su contra por presunto cohecho.

La fiscal Diana Salazar aseguró en un mensaje difundido por canales y redes oficiales que la investigación de más de dos años en torno al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclaire, “da cuenta de una estructura de corrupción” por la cual la empresa china Sinohydro, a cargo de la construcción, entregó unos 76 millones de dólares “en coimas (sobornos) … canalizadas a través de terceras personas” mediante una “falsa imagen de servicios de consultoría y representación”.

Las acciones ilícitas se habrían producido entre 2009 y 2018, cuando Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. La asistencia penal de países como Panamá, Belice, Suiza, Estados Unidos, China y España fueron determinantes porque “coadyuvan a demostrar fehacientemente la configuración del delito y sus alcances fuera del territorio nacional”, aseveró Salazar.

La titular de la Fiscalía del Estado solicitó al organismo judicial fijar la fecha y hora para la audiencia en la cual formulará cargos en contra del exmandatario y su entorno familiar que incluye a sus dos hermanos y cuñadas, además de exfuncionarios estatales y dos exembajadores de China en Ecuador que en su momento representaron legalmente a la empresa. En total son 37 personas vinculadas.

El monto del presunto cohecho representa un 4% del valor de la obra contratada inicialmente por mil 979 millones de dólares pero que finalizó en 2 mil 245 millones, detalló la fiscal. La investigación se abrió en marzo de 2019.

Moreno gobernó entre 2017 y 2021 y llegó al poder auspiciado por el entonces movimiento de su antecesor, Correa, luego de lo cual se convirtieron en opositores. Al concluir su mandato se radicó en Estados Unidos y desde 2022 se encuentra en Paraguay donde realiza gestiones relacionadas con la inclusión de sectores de la población con discapacidad.

En octubre de 2022 un grupo de legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador presentó ante la Fiscalía, Contraloría, y otros entes de control un informe sobre el caso solicitando que se iniciaran acciones penales contra los responsables de la negociación, adjudicación y construcción de la hidroeléctrica.

Pedro Velasco, uno de los asambleístas que integró dicha delegación, aseguró a The Associated Press que en la investigación realizada por la comisión se establecieron “presunciones” que podrían determinar la participación del expresidente Moreno y de algunas otras personas en hechos como “recepción de favores a algunos allegados” así como de regalos y bienes que la Fiscalía debe demostrar.

Según Velasco, la acción de la Fiscalía deja el mensaje claro de que “no hay ninguna autoridad, ningún funcionario o servidor público por encima de la ley y deberán responder”. A su vez abogó por una justicia imparcial que agilice el proceso para que este caso “no se quede en la impunidad”.

La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclaire entró en operaciones en 2016 tras seis años de iniciada su construcción. Cuenta con una potencia de mil 500 megavatios y está ubicada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos.

Durante su ejecución ha presentado una serie de inconvenientes que incluso llevaron en 2021 a la Corporación Eléctrica de Ecuador a presentar una demanda de arbitraje internacional para la que la constructora Sinohydro asuma a su costo la reparación de al menos 7 mil fisuras en sus distribuidores. La demanda está a la espera de resolución.