Ciudad de México. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición, así como por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el partido local de Jalisco “Hagamos”, en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, considerada la primera etapa del Plan B de la reforma electoral y ordenó que estos cambios no se apliquen en los estados de México y Coahuila, donde habrá elecciones este año.

“Resulta procedente pues es necesario preservar la materia del juicio, toda vez que de aplicarse el criterio interpretativo en los procesos electorales que se llevan a cabo en los Estados de Coahuila y en el Estado de México podría (sic) afectarse los bienes jurídicos en juego que son jurídica (sic) del proceso participativo y de los procesos electorales. Además, lo contrarío ocasionaría un daño a la sociedad, pues se modificarían las reglas previstas para los procesos electorales que se desarrollan en el país”, señala el acuerdo del ministro, donde concedió la suspensión.

Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 Y 47/2023, presentadas desde el mes pasado, y que se encontraban pendiente de ser admitidas a trámite.

El ministro Pérez justificó su decisión al señalar que “de no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles para el derecho ciudadano de revocación de mandato y todos los derechos inmersos en los procesos electorales".