En la presente administración, “una de las principales limitaciones que hemos enfrentado para tener éxito en las políticas de prevención del delito y en las políticas para garantizar la vigencia de los derechos humanos, ha sido la falta de coordinación institucional”, adujo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Durante el tercer encuentro de la coordinación nacional técnica de armonización y ampliación del protocolo Alba, el funcionario comprometió que el combate a la violación de los derechos humanos, “debemos asumirlo como una responsabilidad del Estado; establecer criterios que nos permitan armonizar la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas”.
Al destacar que la homologación de todas las acciones de búsqueda de mujeres a nivel nacional, deberá presentarse pronto ante el Sistema Nacional de Búsqueda, ejemplificó que a la fecha el incremento de desapariciones de mujeres entre 10 y 19 años, es más notorio.
Sobre el particular, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana refirió que los datos oficiales suman más de 111 mil personas desaparecidas, y “cerca de 28 mil son mujeres y adolescentes (el 25 por ciento). La gran mayoría oscila entre los 15 y 25 años de edad”.
También, contrastó esas cifras, al hablar de las 165 mil personas que ya fueron localizadas, “la mayoría de ellos con vida. Y entre las mujeres entre 15 y 25 años”.
De esa forma subrayó que la comisión a su cargo busca vivos a los desaparecidos, y “si los encontramos sin vida buscamos todas las medidas para regresarlos a casa” con dignidad.
También, consideró que es necesario observar cuáles son los patrones de desaparición de las mujeres: “una mujer no se va voluntariamente, realmente está viviendo otro tipo de violencia y eso lo tenemos que seguir observándolo como política pública…toda desaparición de mujer tiene que ser considerada como víctima de un delito por lo cual se tiene que abrir una carpeta de investigación”.
Por su parte, el subsecretario Encinas enunció otra problemática asociada a las desapariciones: “muchas de las veces no encontramos con vida a las personas que buscamos y esto nos lleva a un segundo reto. Las tareas de identificación.
“También tenemos una crisis, más de 53 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes y centros forenses del país. En muchas ocasiones es encontramos cuerpos y no logramos dar identidad. Les privamos del derecho de regresar en condiciones dignas con sus familiares”.