Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que ha detectado cerca de 130 inmuebles en Benito Juárez con posibles irregularidades, construidos entre 2014 y 2021, que suman 31 más de los identificados hace cinco meses, como parte de las investigaciones sobre corrupción en el sector de bienes raíces en esa demarcación.
Dichos inmuebles, edificados en las gestiones de Jorge Romero, Christian von Roehrich y Santiago Taboada, violan las normas de construcción debido a un posible contubernio entre autoridades de la demarcación y empresas del ramo inmobiliario.
Ello, dijo la vocería de la dependencia, para presumiblemente obtener ganancias mediante la edificación de más niveles y departamentos de los permitidos, lo que ha derivado en la presentación de seis ex servidores públicos ante jueces de control.
Nombres de detenidos
Dos se desempeñaron de directores generales entre 2009 y 2018 –Luis Vizcaíno en Gobierno y Nicias Aridjis en Obras–, mientras Ismael N era contralor interno, asesor de la jefatura delegacional y director de Recursos Materiales y de Administración. Otros son José Ramón N y Alejandro N.
Los tres últimos desempeñaron cargos públicos en la gestión de Christian N y habrían posiblemente fungido como prestanombres de otros ex servidores públicos.
Además están César N, de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación; y Elvia N, quien sin ser servidora pública fungía como gestora y enlace con César N, y Adelaida N, directora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en el periodo 2019-2022.
La mujer detenida por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en pandilla posiblemente está relacionada con contratos millonarios por el mantenimiento de vialidades y probables autorizaciones irregulares en el inmueble City Towers, ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac.
El domingo pasado se detuvo a Sofía Soraya N –hermana de Christian Damián von Roehrich de la Isla, prófugo de la justicia– por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, al no acudir a comparecer ante el Ministerio Público y un juez de control. Su situación jurídica se determinará en las siguientes horas, dijo el vocero de la fiscalía.
