El decreto emitido el lunes pasado por el gobierno mexicano con el cual quedará prohibido el uso de maíz transgénico para consumo humano a partir de 2024 establece que las empresas importadoras serán las encargadas de garantizar que así suceda, es decir, las compañías del sector pecuario, harinero e industrial, quienes concentran más de 90 por ciento de las compras de grano al exterior.

El artículo séptimo del decreto dice: En tanto se logra la sustitución referida en el párrafo que antecede (que habla de la sustitución del maíz transgénico) la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios podrá otorgar autorizaciones de maíz genéticamente modificado para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana, siendo responsabilidad de quien lo utilice en México que no tenga el destino previsto en la fracción III del artículo segundo de este ordenamiento (el que se refiere al sector de la masa y la tortilla).

Diversos estudios han demostrado que existen residuos de transgénicos en alrededor de 90 por ciento de las tortillas que se consumen en el país.

Cifras oficiales del gobierno federal indican que anualmente México compra aproximadamente 17.5 millones de toneladas de maíz, de las cuales 13.7 millones de toneladas (grano amarillo) son adquiridas por empresas pecuarias para utilizado como alimento de ganado (forraje), otras 3.1 millones (amarillo) son compradas por el sector industrial y 650 mil toneladas (blanco) son importadas por las harineras.

En una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que data de 2017 se encontró que 90 por ciento de las tortillas que se consumen en México contienen secuencias de maíz transgénico, es decir, genes que provienen de grano genéticamente modificado, de plantas que han sido previamente transformadas en laboratorios, principalmente de Estados Unidos.

Más alarmante es, según la investigación encabezada por Elena Álvarez-Buylla Roces, publicada originalmente en la revista Agroecology and Sustainable Food Systems, el hecho de que en las tostadas, harinas, cereales y botanas hechas a partir de maíz, es decir, las producidas por la industria, el nivel de transgénico es de 82 por ciento.

Sobre lo establecido de que serán las mismas empresas (harineras, industria y ganaderas) las encargadas de asegurarse que el maíz modificado no se use en la cadena masa-tortilla, Cristina Barros, investigadora e integrante del colectivo Sin Maíz No Hay País, destacó que es una medida preocupante, pues investigaciones como la de la UNAM dan evidencia de residuos de transgénico en tortillas, lo que significa que al parecer, las grandes harineras se están saltando las reglas y usan grano genéticamente modificado.

En 2013, una investigación del Tribunal Permanente de los pueblos, titulada Contaminación transgénica del maíz nativo, dio cuenta de múltiples casos de contaminación en cultivos de maíz tanto de Oaxaca como de otros estados, señalando directamente a la red de tiendas rurales Diconsa como responsable de la contaminación, por distribuir el maíz transgénico desde 2001, es decir, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Según el documento, en dicha contaminación de plantíos también estuvieron involucradas las grandes trasnacionales de productos transgénicos (Monsanto, Dupont, Pioneer, entre otras), mediante la importación a México de alrededor de 200 mil toneladas de semillas al año, por un valor superior a los mil millones de dólares.