En las últimas semanas, tres ex profesores de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) decidieron interponer una demanda laboral en contra de dicha casa de estudios, por considerar que fueron víctimas de “despido injustificado” o no se les informó la razón por la cual no fueron contratados este semestre, además de que no fueron respetadas sus garantías básicas mientras trabajaron en la institución.

Dos de las personas involucradas en estos procesos legales son las docentes Melissa Fernández Chagoya y Alicia Hopkins Moreno, quienes señalaron que las autoridades de la UCSJ les notificaron su cese en los meses de octubre y noviembre de 2022, luego de que ellas y otros maestros de la institución pidieran que se les informara cómo se estaba atendiendo un caso de presunta agresión sexual que involucró a dos estudiantes.

En entrevista con La Jornada, ambas maestras recordaron que las autoridades del Claustro justificaron su despido con “argumentos ambiguos, como ‘no coincidir con la filosofía institucional de la UCSJ y la ética que deriva de ésta’”, pero sin darles una explicación detallada sobre las causas del cese, por lo que lo consideran un despido injustificado.

Tras acudir a varias reuniones de conciliación con representantes de la Universidad durante los meses de diciembre y enero, las dos académicas feministas decidieron iniciar una demanda de juicio contra sus ex empleadores, por haber recibido propuestas de indemnización con montos “insultantes”, que no se correspondían con lo que marca la ley.

“Se me ofreció un trabajo de medio tiempo, que implicaba trabajar el doble de horas de las que tenía, y recibir la mitad de sueldo o menos, y lo tomé como un insulto, aunque ellos consideraban que para mí era tentador porque ya me reconocían el estatuto oficial de trabajadora” que nunca le otorgaron en sus 10 años de labor en la institución, subrayó Hopkins.

Aunque la profesora formuló una contrapropuesta que implicaba volver al Claustro si se iniciaba un proceso de justicia restaurativa que involucrara también a Melissa Fernández, al fundador de la carrera de Derechos Humanos, Paolo Pagliai, quien habría sido “forzado a renunciar”, y a la comunidad estudiantil, los representantes de la UCSJ rechazaron la idea.

“En mi caso –dijo Fernández Chagoya—no hubo ningún tipo de oferta. Les entregué mi propuesta económica (de indemnización) y me ofrecieron cero pesos. El Claustro busca una estrategia de desgaste, de tal suerte que no nos diera chance de meter la demanda propiamente, pero nuestro abogado ya trabaja en ello a marchas forzadas”.

Ambas subrayaron que en el Claustro “hay un desfase contradictorio entre lo que se enseña sobre derechos humanos y gestión de paz, y la manera en que está actuando en nuestro caso. Esta es una interpelación a su congruencia”.

Consultada sobre el tema, la UCSJ le indicó a este diario que no emitiría ningún posicionamiento hasta que no hubiera un resolutivo final de las autoridades judiciales que analizarán las demandas, “para no entorpecer el juicio laboral”.

Profesor demanda por falta de respeto a sus derechos laborales

Por separado, el profesor Antonio Peña, de la carrera de Sicología, indicó que también decidió iniciar una demanda contra el Claustro, luego de que en diciembre del año pasado le anunciaran que no le habían asignado grupo para el primer semestre de 2023, pero que probablemente sí lo contemplarían para el segundo.

Sin embargo, poco después su correo electrónico institucional quedó cancelado, y llegó a la conclusión –asesorado por un equipo legal—de que la promesa de darle un curso después era sólo una “estrategia legal” para evitar que denunciara por el cese de su contrato.

“Por el mes de octubre (de 2022) pedí que se me informara cuáles iban a ser mis siguientes cursos, porque en los años anteriores había tenido al menos una materia asignada, sin ninguna interrupción. Por esas fechas yo no había recibido ninguna indicación sobre el tema, pero sabía que mis colegas sí”, detalló el maestro.

De acuerdo con Peña, fue hasta el mes de diciembre, cuando ya había entregado calificaciones de sus anteriores grupos, que le informaron que no se le daría ningún curso a inicios de 2023, porque “habían hecho una revisión de su cuadro de profesores y yo no entraba, pero me dijeron que sí lo haría en el semestre que empieza en agosto de 2023”.

Tras concluir que recibió una promesa de trabajo no sustentada, el docente indicó que “ya está en proceso mi denuncia. Mi abogada dijo que se trataría de que la UCSJ se haga responsable de mis condiciones laborales, que en 10 años no respetó. Yo debí tener derecho a contrato, prestaciones de ley, seguridad social, y al no tenerlo, la denuncia va en ese sentido”.

Peña indicó que su situación laboral comenzó a complicarse a partir de 2019, cuando algunos estudiantes se quejaron por su “falta de uso de lenguaje incluyente” y por considerar –de forma equivocada, según el maestro-- que tenían que hablar de su vida personal en clase. De igual forma, señaló que una alumna lo acusó de haberle puesto una calificación que no la satisfizo por supuesta “discriminación de género”.

Más allá de dichos señalamientos, afirmó, “la UCSJ ha entrado en condiciones en donde no hay respeto por los derechos de los profesores y hay maltrato hacia los estudiantes. El ambiente laboral ha venido a menos en los últimos años y se ha vuelto cada vez más difícil, tenso y restringido”.

En el mismo tono, afirmó: “en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, se está degradando el nivel porque los docentes no somos contratados debidamente y no tenemos las prestaciones de ley. En el Claustro sentí poca protección, y parece que estamos más para satisfacer a los estudiantes como ‘clientes’, y eso me preocupa por la formación de los jóvenes. Es un esquema donde la educación parece más un negocio”.

Con respecto al caso de Peña en particular, la UCSJ indicó que las altas laborales son decididas por el Comité de Contratación Docente, que es un órgano colegiado que decide la cantidad de profesores que se requieren para cada licenciatura o curso, por lo que no puede haber “promesas individuales” de contratación.

De igual manera, la institución señaló: “de acuerdo a las necesidades de los cursos, simplemente se terminó su contrato y se decidió no continuar por el momento con la relación laboral. No es una cuestión personal, sólo terminó su contrato, apegado a las evaluaciones y necesidades de a escuela”.