Desde servicio comunitario, reparaciones por casi medio millón de pesos, hasta cuatro años de prisión han resultado las penas dadas a ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contribuyentes denunciados ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción, reportó el organismo al destacar que en tres años ha denunciado a 3 mil 150 personas por delitos en relación al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), impresión ilegal de comprobantes, contrabando y acceso a sistemas.
“El SAT ha redoblado esfuerzos para detectar redes criminales, determinar modus operandi y denunciar a los involucrados de alto nivel para un combate real a la corrupción. Desde 2020 a diciembre de 2022, se han presentado ante la Fiscalía General de la República 3 mil 81 denuncias que involucran a 3 mil 150 personas; y se han vinculado a proceso a 596 personas: 28 servidores públicos, 268 personas físicas y 300 personas físicas relacionadas con personas morales”, detalló.
Consignó que en el acumulado desde 2020 se habían emitido resoluciones a 16 servidores públicos con sanciones que van desde trabajos comunitarios hasta por 6 meses; la reparación del daño con montos de hasta 23 mil 655 pesos; y de seis meses a 4 años de prisión. Mientras en los casos de 18 contribuyentes a los que se han impuesto penas, éstas han ido de 3 meses de cárcel a sanciones de entre 155 mil 721 pesos y 444 mil 720 pesos por concepto de reparación del daño.
“Los principales delitos cometidos por los sentenciados son delitos en relación al RFC, impresión ilegal de comprobantes, contrabando y acceso a sistemas”, explicó el organismo en su más reciente Informe Tributario y de Gestión.
Sólo en 2022, el SAT denunció penalmente a 827 contribuyentes (400 son personas físicas y 427 son personas físicas relacionadas con personas morales), y se encuentran vinculados a proceso 116 y 137, respectivamente; al tiempo que hay 11 denuncias ante la FGR por presuntos delitos en contra de 15 servidores públicos.
Agregó que en el mismo periodo se promovieron 163 denuncias ante el Órgano Interno de Control en contra de 257 servidores públicos del SAT, en casos vinculados a delitos en relación al RFC, impresión ilegal de comprobantes fiscales, delitos de depositarios e interventores, desobediencia y resistencia de particulares, falsificación de documentos en general, equiparable al contrabando y delitos relativos a declaraciones, contabilidad y documentación.
