Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a amparar a Grupo Evya, empresa que recibió contratos por más de 10 mil 901 millones de pesos de Pemex, cuando esta paraestatal estaba dirigida por Emilio Lozoya Austin, quien también intervino para que un allegado suyo, Fausto Miranda Gutiérrez, tomara el control de esa firma.

Evya, que rentaba buques y plataformas marítimas a Pemex, ya tenía un primer concurso mercantil, el 348/2016-B, promovido a finales de 2018, sin embargo, un año después solicitó uno nuevo, el 455/2019-A, el cual le fue negado pues conforme a la ley no pueden promoverse dos de estos procesos para una sola empresa.

La quejosa buscaba seguir cobrando algunos contratos de Pemex, pues alegaba que era la única manera de rescatar a la empresa, y que de cerrarse esta posibilidad se iría a la quiebra: “lo cual tiene consecuencias severas al prohibir que reciban los pagos a que tienen derecho con motivo de los servicios prestados, lo que a la postre las obliga a incumplir generalizadamente con sus obligaciones de pago, pues colocan a la comerciante demandada en situación de iliquidez, de ahí la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados”, señalaba en su demanda.

Evya fue fundada en 1991 por los hermanos Luis, Roberto y Francisco Javier Camargo Salinas, este último fue consejero del PAN en Campeche, y durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón obtuvo 40 contratos por más de 8 mil 255 millones de pesos de Pemex.

Sin embargo, en 2014 se denunció que había defraudado a Banamex por más de 30 millones de dólares, mediante un esquema de falsificación de contratos con Pemex usados como garantía para obtener créditos, similar al utilizado por Oceanografía, otra de las contratistas de la paraestatal.

En esa situación de crisis, Lozoya presionó a los fundadores de Evya para que entregara el control de la empresa a Miranda Gutiérrez, según denunció Javier Camargo Salinas.

Bajo la nueva administración la firma cambió su nombre por el de Avalon Marine, sin embargo, en 2016 se declaró en incumplimiento de pagos por más de 3 mil 500 millones de pesos, lo que llevó al concurso mercantil y su intervención judicial, que incluye el nombramiento de un administrador que intenta renegociar su deuda.

El asunto llegó hasta la SCJN, donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que no procede la apertura de un segundo concurso mercantil sobre la empresa, y que las funciones del administrador judicial son constitucionales, incluido lo cobros de los contratos que tenga pendientes la firma, acciones que “no constituyen actos privativos que impidan la conciliación mediante convenio judicial, pues ello es, justamente, la finalidad que se busca con el concurso mercantil.”