La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que en la administración federal “tenemos claro que la tarea de seguridad es una tarea compartida; ayudan los operativos conjuntos, las acciones conjuntas, el combate a la delincuencia, en los temas de la violencia contra las mujeres y evitar la impunidad”. En el mismo sentido, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ratificó que el compromiso oficial es garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, e ir ganando la batalla a la delincuencia.

En la sede del gobierno de Nuevo León, se firmó el convenio entre el gobierno federal y los estados del norte del país (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León), para distribuir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Ahí, la secretaria adujo que para ababtir la violencia criminal se cuenta con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, de la cual se encuentran desplegados alrededor de 128 mil elementos en el territorio nacional y “significa que hay una fuerza de paz que apoya en labores de seguridad y auxilio a la población”.

El titular de Gobernación subrayó que la determinación oficial es “ratificar el compromiso del gobierno federal, en el caso de las entidades, que se siga garantizando la seguridad de mejor manera. Ese es el objetivo, garantizar la seguridad de las personas y los bienes de los ciudadanos y hoy estamos para ratificar la voluntad del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, que cada día quieren ir ganándoles la batalla a los delincuentes”.

Al abrir las intervenciones, Rosa Icela Rodríguez, refirió que por decisión presidencial, del año 2022 al 2023, hubo un aumento de recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública, para apoyar a los municipios, lo cual se reflejó en un 10 por ciento de incremento para el FASP.

Así, la distribución del dinero será de la siguiente, manera en acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública: Baja California, 324 millones de pesos; Baja Califonia Sur, 237; Cuahuila, 247; Chihuahua, 327; Durango, 239 millones; Nuevo León, 308 millones; Sinaloa, 246 millones; Sonora, 307 millones; Zacatecas, 212 millones, y Tamaulipas 261 millones.

Insistió en recordar que los programas y acciones financiados con el fondo de aportaciones para la seguridad pública debe orientarse a las zonas de mayor incidencia donde en atención a las causas, y atender a las poblaciones vulnerables y en riesgo de involucrarse con la criminalidad.

“Los invitamos a seguir trabajando de manera coordinada y a seguir dando buenos resultados, y también lograr -es muy importante- que todos los policías de los estados estén y cuenten con el certificado único policial, la aplicación de los exámenes de control de confianza nos da mucha certeza de contar con elementos, con coordinación, con competencias y desempeño adecuado. Reconocemos los avances que se tienen en el tema de la certificación de los policías, se se avanzado mucho en la mayoría de los estados, y se amplió el plazo para que el 100 por ciento de los policías de todas las instituciones de seguridad pública cumplan con este requisito antes del 31 de mayo de 2024”.

La secretaria reconoció que “aún tenemos retos para lograr la pacificación del país, sigamos con una buena coordinación entre el gobierno federal y los estados, de este lado no hacemos distinciones de colores ni ideología estamos trabajando en torno al beneficio de la sociedad y de la ciudadanía. Las decisiones las hemos tomado proyectando las necesidades de la población, y de qué en México no estamos condenados a la guerra, estamos destinados a la paz y la tranquilidad de los mexicanos”.

En breve intervención, Adán Augusto López Hernández, señaló que “no se trata nada más de la distribución de los recursos del FASP, que han aumentado en un 10 por ciento, si no se trata de revisar la estrategia de seguridad entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados; ratificar el compromiso del gobierno federal, en el caso de las entidades, que se siga garantizando la seguridad de mejor manera.

“Ese es el objetivo, garantizar la seguridad de las personas y los bienes de los ciudadanos y hoy estamos para ratificar la voluntad del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, que cada día quieren ir ganándoles la batalla a los delincuentes”.

Por su parte la secretaría ejecutiva del sistema de seguridad pública, Clara Luz Flores Carrales, enunció las ocho prioridades nacionales en la materia: dignificación del personal de las instituciones de seguridad; certificación y capacitación y profesionalización de los elementos policiales; infraestructura de las instituciones; el sistema de estándares de trabajo y rendición de cuentas; la prevención de la violencia del delito; atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género; el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional; la ejecución de medidas; y el sistema nacional de información.