Ciudad de México. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó ante la Fiscalía General de Justicia siete denuncias contra su antecesora Layda Sansores y servidores públicos de su administración, por los delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Alrededor de 120 millones de pesos de recursos públicos “desaparecieron de programas sociales que tendrían que destinarse a la población más vulnerable y más considerando que eran tiempos de pandemia”, aseguró.
Las irregularidades se detectaron en tres programas sociales, por 70.8 millones de pesos; tres contratos de servicios por 40 millones y un convenio con una asociación civil por 8.2 millones, por lo que también se presentarán estas denuncias a la Secretaría de la Contraloría
En conferencia de prensa en la entrada principal de la FGJ, antes de entregar las denuncias en contra de la actual gobernadora de Campeche y entregar cuatro cajas con materiales que las sustentan, lamentó que se haya hecho un mal uso de los recursos públicos.
Con esta acción, destacó, se busca “combatir la rampante corrupción que hubo en tiempo de Layda Sensores, en la Alcaldía Álvaro Obregón”, aunque, anteriormente se presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía y 150 actas de observación ante la Contraloría.
Hasta el momento, no hay ningún avance de esas denuncias, pero ahora se suman las irregularidades detectadas en el programa Mercomuna, que se creó en 2020, para apoyar a la economía de las familias más vulnerables; así como de comercios locales.
Algunos beneficiarios recibieron más de dos o tres vales por 500 o mil 50 pesos, cuando sólo era una vez; se encontró en el padrón de beneficiarios a personas fallecidas y “peor aún, personal de la alcaldía, funcionarios que recibieron vales”, denunció.
Se tienen además firmas de servidores públicos como supuestos titulares de comercios que recibieron dinero a cambio de vales, y se carece del padrón de beneficiarios y comercios entre los que se distribuyeron 31.2 millones de pesos.
“Lo más delicado es que la entonces directora de Finanzas, Aurora Yolanda Martínez Hernández, hizo cheques a su nombre, que cobró ella o endosó a otros funcionarios públicos de la alcaldía. El dinero quedó ahí, no llegó a los más necesitados”, señaló.
Además, dijo, se tiene un contrato de servicios firmados en 2020 con Walter David Padrón, actual vocero de la gobernadora, para por 3.4 millones de pesos para la difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales, del cual no hay evidencia. Se presume que fue un contrato simulado.
Otros contratos donde encontraron irregularidades, explicó, son en la compra de calentadores solares y de paso, para los cuales se destinaron 36.6 millones; y la digitalización de bibliotecas, que no se realizó, destinándose 8.2 millones de pesos.
Así como en los programas sociales de promoción de autocuidado y envejecimiento de las personas mayores y grupos de atención prioritaria, y los promotores del desarrollo social, a los cuales se asignó un presupuesto de 39.6 millones de pesos.
Comentó que, en el programa de promotores se detectaron cheques cobrados donde el RFC del beneficiario, era de servidores públicos de la alcaldía y que pagó a los beneficiarios por servicios prestados antes de que el programa fuera autorizado.
