Buenos Aires. Como un desafío al proyecto de realizar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia actual, el juez de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah resolvió que la investigación de los funcionarios que, recientemente viajaron a lago Escondido, apropiado ilegalmente por el empresario británico Joe Lewis, quien tiene una mansión al borde del mismo, debe resolverse en los tribunales de Comodoro Py, cuya mayoría de magistrados responden cada vez más a la derechista alianza Juntos por el Cambio (JpC).

Bajo este contexto, esta semana defensores del lago fueron reprimidos por los guardias civiles del empresario, quienes, a caballo, replegaron la protesta. Se denunció también que policías dejaron varios lesionados, tanto en los que iban por el camino más directo, como al grupo que llegó atravesando por otros caminos difíciles que fueron golpeados a escasos kilómetros del lago.

Es la séptima marcha para recuperar el ingreso al lago, ahora enrejado por Lewis y sus matones en el territorio de la provincia de Río Negro, hasta donde llegaron los manifestantes de unas doce provincias, divididos en tres grupos, convirtiéndose en la mayor manifestación de los últimos años.

Además, la manifestación expuso una situación poco conocida sobre la ocupación extranjera en este territorio.

En diciembre de 2011, bajo el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández, se votó la Ley 26.737, cuyos primeros objetivos se demanda establecer límites a la titularidad de las tierras rurales adquiridas por extranjeros dentro del territorio nacional.

Esta investigación demostraba además que de las 266 millones de hectáreas computadas en el Registro Nacional de Tierras Rurales, en 2022 hasta 5.02 dos por ciento era propiedad de extranjeros y de ellos los mayores registros de tierras en manos foráneas estaban en los departamentos rionegrinos de Bariloche, El Bolsón y Lacar.

“Esa extranjerización de tierras, que son riquísimas en recursos naturales, sumaban entre 12 y 13 millones de hectáreas, con otro datos donde advirtiendo que la mayoría de esas tierras se encuentran en zonas limítrofes, en la siguiente escala: Salta, Misiones, San Juan, Corrientes, Mendoza y Catamarca.

Hacia 2015, más de 6 por ciento del territorio argentino estaba en manos de extranjeros. Ahora su número sigue aumentando y se prepara un informe con todo lo que se perdió durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), peronista que traicionó el programa por el cual fue elegido y de Mauricio Macri (2015-2019) de la llamada “nueva derecha” y ultraderecha de JpC y cada vez la riquísima y extensa Patagonia, va perdiendo territorio y soberanía.

Poco se sabe de las ventas y ocupaciones irregulares, mientras se persigue y se desaloja de sus tierras ancestrales a las comunidades de pueblos originarios en La Patagonia y otros lugares del país, porque son la muralla de las viejas culturas contra los nuevos invasores.

A los mapuches y otros en el sur, la ex ministra de Seguridad de Macri, la polémica Patricia Bulrich, quien tiene denuncias y juicios abiertos, que la “justicia” mantiene encajonados mientras ha convertido en “terroristas” a los pobladores mapuches y a las comuniades ancestrales que se defienden del nuevo saqueo.

Esta impunidad mantiene también paralizada la causa de la investigación sobre el intento de asesinato contra la vicepresidenta a fines del año pasado que está parada a partir del momento en que se llegó a los autores intelectuales y los financistas de atentado que llegaron hasta el entorno más íntimo del propio Macri:

La Comisión de Juicio Político del Congreso sostuvo esta semana una segunda reunión en la que legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales ratificaron sus denuncias contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones y también de abuso del poder.

Como un símbolo la ex detenida desaparecida Patricia Issasa, arquitecta secuestrada en la provincia de Santa Fe durante la última dictadura militar, fue la primera que intervino como testigo, y denunció a Rosatti, al que recurrió cuando éste era intendente de la capital santafecina entre 1995 y 1999 para hacerle saber que Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, a quien llamaban "El Curro" fue su torturador, en el tiempo en que permaneció desaparecida y estaba trabajando en la municipalidad de Santa Fe. “Se decía que era una especie de matón del intendente Horacio Rosatti... y decían más cosas, pero como los dimes y diretes no siempre son ciertos me puse a investigar y descubrí a este y otros personajes siniestros”.

Ella creía que Rosatti tomaría una medida ante esta denuncia con pruebas más que suficientes, pero el magistrado argumentó que era un antiguo empleado municipal. Como también dio otros nombres de participantes en los siniestros centros de detención y había ido con todas sus esperanzas de justicia, ante la indiferencia de quien suponía que la protegería se fue de su provincia y vino a Buenos Aires, porque advirtió la complicidad mafiosa con sus victimarios, lo que ponía nuevamente en peligro su vida y la de su familia.