La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que investigue al juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien exoneró en primera instancia, a Ramón Sosamontes, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y quien enfrenta una acusación por su presunta participación en el desvío de 203 millones de pesos.

El juzgador, con sede en el Reclusorio Oriente Norte, determinó que Sosamontes no tuvo responsabilidad en los contratos suscritos por él en representación de la entonces Sedesol que dirigía Rosarío Robles Berlanga, con la empresa paraestatal Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).

Aquiles Villaseñor rechazó los argumentos del Ministerio Público Federal al considerar que los contratos no fueron ilegales debido a que no les era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo con información de la FGR, los agentes del Ministerio Público Federal que acudieron a la diligencia realizada el miércoles, le señalaron al impartidor de justicia que la legislación era aplicable “ya que RTH no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6 por ciento del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

Asimismo, señaló la FGR se indicó al juez “la preocupación de la Fiscalía respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados, misma que era contraria a las múltiples determinaciones emitidas por sus homólogos en casos similares en donde sí se vinculó a proceso a los imputados”.

En cuanto al resultado de la audiencia la FGR señaló: “ojalá y pronto la superioridad y los Magistrados de Circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras”, y promovió el recurso de apelación.

Respecto del impartidor de justicia, “iniciará de inmediato una Carpeta de Investigación, con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, respecto a delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, fundamentalmente, en lo que se refiere a las fracciones VI, VII y VIII de dicho ordenamiento, que señalan las responsabilidades específicas de carácter penal aplicables al caso”.