El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús llamaron a las instituciones federales y estatales a atender a la brevedad y en diálogo con los beneficiarios, las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Chihuahua, al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia debido a las amenazas y agresiones que han sufrido por parte de grupos del crimen organizado.

En un pronunciamiento, también instaron a que los responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en junio de 2022, que “siguen teniendo un fuerte impacto comunitario, estatal, nacional e internacional”, sean llevados ante la justicia, con el objetivo de que hechos similares no se vuelvan a repetir.

Destacaron que la Sierra Tarahumara “aún espera la paz con justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social”.

Indicaron que tras siete meses y ocho días del asesinato de los prelados y del guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza , “la impunidad continúa, ya que el perpetrador de los hechos no ha sido detenido”. Además, insistieron, “la violencia en la región es incesante y el riesgo subsiste”.