Tijuana, BC. De noviembre de 2021 a enero de 2023, la administración estatal ha decomisado 141 mil 173 dosis de mariguana, heroína, metanfetamina, cocaína, pastillas, fentanilo y tabaco en los centros de readaptación social del estado, las cuales se habrían vendido en cinco veces más de lo que se ofrece en la calle, afirmó la comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, María Elena Ramírez Andrade.

Durante la conferencia semanal mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la funcionaria informó que esto representa un 300 por ciento más de lo que se decomisó en periodos similares de gobiernos anteriores, y destacó que 75 por ciento de esos aseguramientos se hicieron antes de que las sustancias ingresaran al penal.

De acuerdo con un gráfico presentado en la conferencia, el fentanilo, heroína y china blanca (heroína con fentanilo) son los más decomisados, con 11 mil 340, 113 mil 522 y 8 mil 459 que fueron interceptados a familiares en los accesos, escondidos en las suelas de los zapatos y otras estrategias.

La gobernadora detalló que en ese mismo periodo suman 100 teléfonos celulares decomisados, contra cero que aseguró la administración anterior -encabezada por el también morenista Jaime Bonilla Valdez-, y al respecto la comisionada del Sistema Penitenciario aclaró que todos los artefactos se interceptaron antes de ser ingresados al penal.

"Un aparato celular que entra en un centro penitenciario no es precisamente llevar a cabo una charla social y todo es parte de la estrategia integral de seguridad", afirmó.

La mandataria anunció que está programada una inversión para fortalecer la tecnología dentro de los reclusorios, a fin de inhibir que esos equipos sean utilizados para delinquir. "Esto no solamente es lo mejor para los propios internos en términos de derechos humanos, de garantizar sus derechos humanos, de que vivan con mayor dignidad, de que cuenten con mejores espacios, sino también consideramos impactará de manera favorable en la seguridad y tranquilidad de nuestro estado".

Sobre los traslados que se han realizado desde que inició el gobierno actual, Andrade Ramírez detalló que se han enfocado en el traslado de personas privadas de la libertad de la Penitenciaría de Tijuana, particularmente al penal El Hongo 1, pero también a reclusorios de los estados de Oaxaca, Sinaloa, Nayarit y Michoacán.

Actualmente hay una población de 13 mil 349 personas privadas de la libertad, y durante los traslados que se han realizado suman 6 mil 671, muy por arriba incluso de los que se hicieron cuando desapareció el llamado "pueblito" de La Mesa de Tijuana, como se le denominaba a la forma de operación que tenía porque ahí vivían familias completas, y grupos con su propio autogobierno.

Tan solo del penal de Tijuana se reubicó a 3 mil 589 internos, como parte del Operativo Centinela, desplazamientos que fueron convalidados por el Poder Judicial, especificó la comisionada.

Calificó que las condiciones en el penal de Tijuana que encontraron al iniciar el gobierno de Ávila Olmeda eran deplorables; "había hacinamiento, sobrepoblación, adicciones, recomendaciones de las comisiones de derechos humanos estatal y federal, falta de higiene y fauna nociva que ponía en riesgo la seguridad".

En el espacio, que tiene capacidad para 2 mil internos había 5 mil y esto generaba que en cada celda había casi 20 personas que no contaban con cama propia y tenían que dormir en el piso o en catres que improvisaban con tablas que atravesaban de una cama a otra "prácticamente colgados de las rejas".

Era una situación de riesgo inminente y el personal no se daba abasto para el cuidado "prácticamente el centro penitenciario de Tijuana era una bomba de tiempo en todos los sentidos que también afectaba a la comunidad hacia el exterior", sostuvo.

María Elena Ramírez aclaró que las recomendaciones las heredaron de las administraciones pasadas, y sostuvo que con los traslados se atendieron y se les dio calidad de vida a los internos "que ya dieron la cara" a la justicia y ahora se encuentran en el penal de El Hongo, que cuenta con 50 hectáreas de terreno contra las dos hectáreas del penal de La Mesa.

En el Hongo hay 12 naves industriales -que están en rehabilitación porque se encontraron en abandono y eran usadas como almacén de equipo descompuesto- y la posibilidad de otras actividades incluida la religiosa pues hay dos iglesias, una católica y otra cristiana, dijo la funcionaria.

Sobre las condiciones de seguridad en los penales aseguró que aunque se han registrado dos disturbios no han llegado al nivel de los motines que ocurrieron en 2008, cuando incluso hubo "20 o 30 muertos", pero "no podíamos esperar a estar reaccionando nomás en contención, se tenía que hacer algo firme, algo de tajo, primero para que esas personas vivieran como seres humanos y también para atender el tema de evitar que esas personas con perfiles criminológicos intentaran llevar a cabo algunos delitos".