Ciudad de México. Genaro García Luna aún tiene pendientes dos juicios en México y se tramita otra orden de aprehensión en su contra, por lo cual se mantiene el procedimiento para su extradición a nuestro país, para cuando termine su proceso en Nueva York, Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón tiene juicios abiertos en tribunales nacionales que no tienen relación con el que ya se le sigue en el vecino país.

El primero de ellos es por el caso Rápido y furioso, en el que, junto con otras autoridades mexicanas y estadunidenses, permitieron la entrada ilegal a nuestro territorio de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, que fueron utilizadas por grupos delincuenciales causando un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia, señaló la FGR.

La segunda orden de aprehensión contra García Luna es por el caso de la privatización de los centros federales de readaptación social (Ceferesos), en la que el gobierno federal aceptó contratos leoninos con empresas privadas para la construcción y administración de cárceles, las cuales no se necesitaban y por las que se pagaron cantidades millonarias.

Apuntó la dependencia que adicionalmente hay otras dos investigaciones en curso y una solicitud de aprehensión contra el ex mando policiaco, las cuales se encuentran en trámite.

Dentro de las pesquisas aún abiertas contra García Luna se encuentra una relacionada con los movimientos en sus cuentas bancarias por más de 27 millones de pesos, que no corresponden con sus ingresos como funcionario público y que utilizó para adquirir cinco inmuebles.

Por esta razón se le aseguraron varias propiedades, una es un restaurante en la alcaldía Xochimilco; otra, una residencia de lujo en Tlalpan, además de otra mansión en Jiutepec, Morelos.

“Las gestiones ante Relaciones Exteriores y ante las autoridades americanas para obtener la extradición de Genaro G se siguen llevando a cabo dentro de las limitaciones legales correspondientes”, finalizó la FGR.