La Habana. Un barco precario con una veintena de personas a bordo que buscaban llegar ilegalmente a Estados Unidos naufragó esta semana, dejando por lo menos cinco fallecidos, informaron las autoridades de la isla.

El incidente se produjo al norte de Cayo Cruz de Padre, en la provincia de Matanzas, indicó el portal oficial Cubadebate el sábado.

Estados Unidos ha dispuesto un cambio en su política migratoria hacia la isla para intentar contener el flujo récord de migrantes provenientes de varios países latinoamericanos, incluyendo Cuba.

Según el reporte, efectivos de las tropas Guarda Fronteras rescataron a 11 personas con vida y recuperaron cinco cuerpos, al tiempo que hay 12 personas desaparecidas.

El naufragio se produjo el martes debido al fuerte oleaje, explicaron los sobrevivientes, quienes lograron pedir auxilio.

Los migrantes, todos residentes en la pequeña ciudad de Cárdenas, salieron el lunes 23 desde un punto llamado Torrontela.

Durante el año fiscal estadunidense, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, los oficiales de protección de frontera registraron más de 220 mil contactos en los pasos limítrofes por México, en tanto los Guardacostas interceptaron a 6 mil 182 migrantes. Ambas cifras son las más elevadas de los últimos tiempos.

Muchos viajaban a Nicaragua, a donde no se les exigía visa, y luego contrataban traficantes para una peligrosa travesía hacia el norte. La mayoría recibían acceso a Estados Unidos, donde luego de un año pueden solicitar la residencia en virtud de una Ley de Ajuste Cubano que les brinda trato de refugiados.

A comienzos de mes, el presidente Joe Biden incorporó modificaciones a su política migratoria mediante un programa de “parole” o permisos de ingreso que obliga a las personas a realizar un trámite en línea consiguiendo un patrocinador en Estados Unidos y la correspondiente autorización antes de presentarse en la línea de frontera.

Por esta vía se aceptarán 30 mil migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití con permisos legales de trabajo por dos años. El mecanismo de la gestión previa se había aplicado desde el año anterior para venezolanos.

En caso de intentar ingresos ilegales, los migrantes serán deportados de manera expedita y se les prohibirá la entrada a Estados Unidos por cinco años, haciéndolos inelegibles para obtener los beneficios de programas humanitarios o refugio.