Chimalhuacán, Mex. “Es un hecho indignante, aquí no hay nada de justicia, solo hay discriminación del Estado a las mujeres, por ser pobres”, denunciaron activistas quienes este viernes sepultaron a Ana María, víctima de feminicidio a quien la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) intentó enviar a la fosa común.

Luego de 45 días de protesta pública y de acompañamiento a Don Antonio, un pepenador de oficio, padre y único familiar de Ana María, los colectivos lograron que la FGJEM entregara, ayer, sus restos a cambio de que no hubiera velorio.

Sin contener el llanto por la impotencia, las integrantes de la Asamblea vecinal Nos Queremos Vivas y el colectivo Justicia para Diana, una a una, ofrecieron discursos desgarradores para despedir a la mujer de 40 años de edad.

El domingo 14 de diciembre de 2022, dos sujetos ingresaron a la casa de Ana María, la habrían violentado sexualmente y después le prendieron fuego a la casa levantada con materiales endebles.

Ahí, en los restos de la vivienda vivía la mujer sordo muda y su padre, un hombre de la tercera edad.

La lucha organizada evitó que Ana María fuera enviada a la fosa común, porque su cadáver quedó irreconocible y la prueba de ADN no se realizó, porque Antonio, no era su padre biológico.

Además, todos los papeles de identificación de Ana María y su progenitor, se perdieron al ser consumidos por las llamas, relató Elsa Arista de Nos Queremos Vivas.

Por su parte, Laura Velázquez del colectivo Justicia para Diana acusó a la fiscalía mexiquense de intentar, por todos los medios, enviar a la fosa común el cadáver.

“Incluso, a mi me llamaron de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México para cuestionarme: por qué reclamamos el cuerpo de Ana María, si el señor Antonio no tenía ni un quinto para sepultarla”.

Ana María era discapacitada y dependía totalmente de don Antonio quien aquel domingo salió, como todos los días, a pepenar basura, para llevar sustento al hogar.

Cuando regresó, Antonio encontró en llamas su morada y le informaron que en el interior estaba el cuerpo de su hija.

Los vecinos agarraron a El Quico, lo golpearon y lo entregaron a la policía como uno de los dos responsables de iniciar el incendio.

Además, don Antonio, lo identificó como un sujeto quien constantemente lo insultaba y amenazaba con agredir sexualmente a su hija.

“Cuantas mujeres se van a la fosa común por la pobreza y porque no está la familia”, exclamaron con rabia las activistas durante un acto de protesta frente a la sede regional de la FGJEM, en Chimalhuacán.

“No hay dignidad para nadie, pero sobre todo no hay dignidad para las mujeres en la periferia, este cinturón de miseria que rodea a la Ciudad de México”.

Aunque los hechos ocurrieron al pie del canal de aguas negras Río La Compañía, en la zona marginal de Chimalhuacán, la FGJEM mandó el caso a Tlalnepantla, “para desgastarnos porque el trabajo que hacemos es voluntario”.

Las representantes de ambos colectivos presionaron durante casi siete semanas a Dilcya García Espinoza de los Monteros, titular de la Fiscalía General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM.

Ante ello, la intervención de la funcionaria, logró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México, asumiera la responsabilidad que le toca. Sufragó los gastos funerarios y del sepulcro de Ana María.

“No tendríamos que estar aquí protestando si ellos, los de la FGJEM, hicieran las cosas de manera correcta”, sentenció Elsa Arista.

Don Antonio, las integrantes de los colectivos de lucha contra el feminicidio y los medios de comunicación, deambularon por todo Chimalhuacán en búsqueda de la funeraria contratada para el acto.

Ya por la tarde este viernes, 45 días después del feminicidio, en el panteón de San Agustín un camposanto deteriorado, despidieron a Ana María con flores; consignas y discursos de protesta.