Lima. La oposición de izquierda presentaría este jueves una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral” por la represión gubernamental. Hay más de cincuenta muertos durante las protestas antigubernamentales que se iniciaron en diciembre, 46 de ellos por disparos de las fuerzas de seguridad. Para ser aprobada la destitución se requieren dos tercios de los votos del Congreso unicameral de 130 miembros. El apoyo de la derecha protege de Boluarte.

Las protestas exigiendo la renuncia de la presidenta llegaron a la embajada de Estados Unidos. Los manifestantes se concentraron frente a la sede diplomática, en un exclusivo barrio residencial a protestar por el respaldo de ese país al gobierno. Se escuchó el “fuera yanquis”. Por séptimo día consecutivo, este miércoles hubo movilizaciones por las calles del centro de Lima, que desde hace una semana se ha convertido en epicentro de las protestas que sacuden al país, iniciadas en el sur andino. El rol protagónico en la capital lo tienen los pobladores que han llegado desde el interior del país. Las manifestaciones de estos días en la capital terminaron en una dura represión con decenas de heridos.

En distintas regiones continúan las movilizaciones diarias y los bloqueos de vías. Hubo manifestantes y policías heridos en enfrentamientos en un piquete de bloqueo en la carretera Panamericana a 290 kilómetros al sur de Lima. La andina región de Puno en la frontera con Bolivia -centro de las mayores protestas y la represión con más de veinte muertos- fue militarizada. Cientos de soldados del ejército llegaron a esta región. El toque de queda en Puno, que se inicia a las 20 horas, ha sido prorrogado.

En medio de los cuestionamientos a la brutal represión, el gobierno decidió premiar a los policías con un bono económico. No se anunció el monto. Lo informó el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, al salir de una reunión con el presidente del Congreso, José Williams, un general retirado acusado de violaciones a los derechos humanos. El encuentro fue en la sede del Legislativo. La presentación conjunta de ambos ante la prensa fue una apología a la represión y no aceptaron preguntas. Con una nefasta cifra de muertos por disparos de las fuerzas de seguridad, centenares de heridos, golpizas y detenciones arbitrarias, Otárola y Williams coincidieron en elogiar el comportamiento de la policía calificándolo como “muy profesional” y hasta “heroico”. “Pediremos un crédito para otorgar un bono especial para la heroica policía”, dijo Otárola, el rostro más visible del autoritarismo gubernamental. “Se lo tienen bien ganado”, señaló el ex militar acusado por la matanza de 69 campesinos que ahora ejerce como presidente del Congreso.

Otárola llegó sorpresivamente al Parlamento acompañado de los ministros del Interior, Defensa y Justicia. En medio de las masivas protestas que no cesan exigiendo la salida de Boluarte y elecciones este año, se especuló que en la imprevista reunión el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley al Congreso para adelantar las elecciones para este año y ya no para 2024. Pero no fue así. El gobierno y la mayoría derechista del Congreso se pusieron de acuerdo para defender que las elecciones sean en abril de 2024, indiferentes a las demandas populares y a lo que aconsejan analistas de la crisis. Esto implica un cambio de gobierno recién en julio del próximo año, fechas rechazadas por las masivas movilizaciones por considerarlas muy lejanas.

La convocatoria a elecciones para 2024 todavía debe ser ratificada en segunda votación luego de su aprobación en diciembre pasado. Se necesitan 87 de 130 votos. En la primera votación se obtuvieron 93 votos. Hay congresistas de izquierda que en diciembre votaron a favor de elecciones para 2024 aun con cuestionamientos, porque la derecha que maneja el Congreso no dejó otra alternativa. Pero no aprobar elecciones adelantadas habría sido peor según los diputados izquierdistas, quienes insisten en elecciones para este año: este jueves presentarían esa propuesta en el Congreso.

La izquierda propone que los comicios sean en octubre de 2023 y el cambio de gobierno en diciembre de este año. Esta opción ayudaría a calmar la convulsión social. Pero la derecha parlamentaria, donde predomina una ultraderecha en sintonía con el gobierno, insiste en 2024 y pretende bloquear las elecciones para este año. Buscan tiempo para hacer reformas que faciliten su triunfo en las próximas elecciones, como intentar controlar los organismos electorales. Realizar elecciones recién el próximo año complicará la salida a la crisis política. Toda la derecha se niega también a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, otra demanda popular.

Boluarte se presentó de manera virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con su doble discurso habitual. Dijo que su administración respetaba el derecho a la protesta y los derechos humanos, pero en los hechos los reprime y puso en práctica una política violatoria de los derechos humanos. Aseguró que las muertes le duelen y que se investigará y sancionará a los culpables. Pero ella y sus ministros respaldan permanentemente a las fuerzas de seguridad. Y pretende culpar de las muertes de manifestantes a los propios manifestantes. Un par de horas antes de hacer estas declaraciones, volvió a eludir su responsabilidad por dar las órdenes para la represión y por respaldarla, mientras su jefe de gabinete llamaba “héroes” a los policías y les anunciaba un premio económico.

Sin mencionarlos directamente, Boluarte criticó a los presidentes que cuestionan su gobierno por la represión. Deslizó que esos mandatarios estarían apoyando la violencia. La cancillería expresó su queja ante el gobierno de Chile por las críticas en la reunión de la Celac del presidente Gabriel Boric a la represión ejecutada por el gobierno peruano. La administración de Boluarte también se ha enfrentado contra los gobiernos de Bolivia, Colombia y México por la misma razón, mientras se va aislando internacionalmente. La derecha presiona para que rompa con los gobiernos progresista de la región. El delirio de la ultraderecha llegó al extremo con una declaración del congresista fujimorista Ernesto Bustamante, exigiendo que se declare la guerra a Bolivia y se invada el vecino país por el supuesto respaldo de su gobierno a las protestas en el Perú.

Intelectuales y reconocidas personalidades de la cultura y el arte en el país han puesto en marcha una campaña internacional para que sus colegas de otros países graben videos para difundirlos en redes sociales denunciando la represión en el Perú, que califican como “una masacre”.

Este miércoles renunció la ministra de la Producción, Sandra Belaunde, una decisión que agrava la crisis en un gobierno acorralado. Es el octavo cambio ministerial en menos de dos meses de gobierno. De los siete ministros cambiados anteriormente, cuatro renunciaron cuestionando la cruenta represión gubernamental contra las protestas.