Ciudad de México. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, anunció que presentará al Congreso una iniciativa en la cual propondrá convertir esa institución en “defensoría del pueblo, en una procuraduría de los pobres”.

Al presentar esta noche su informe anual 2022 en la Comisión Permanente, Piedra Ibarra dijo que con ello se superaría “el esquema neoliberal que heredamos” y se busca además crear nuevos mecanismos de exigibilidad, que aseguren el respeto a los derechos humanos y no se deje al arbitrio de las autoridades que estos se respeten, observen y reparen.

“Existe ya un programa de derechos humanos, es el primero en su tipo que tiene entre sus objetivos mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la autoridad federal, que es un gran avance, pero el problema está en las autoridades locales, principalmente que se niegan a hacerlo. Si en este país no son obligatorios los derechos humanos, ¿qué garantía tenemos de que imperen?”, aseguró.

Dijo que, si desde 2011 es obligatorio para toda autoridad del Estado respetar los derechos humanos, nada justifica dejar que decidan si aceptan o no una recomendación.

“Las prácticas y las inercias son tan fuertes, que a estas alturas hay autoridades que todavía ponen en duda las funciones de la CNDH y el alcance de su misión”, afirmó.

Mencionó que la presidencia de Luis Raúl González Pérez, que concluyó como titular de la CNDH en 2019, heredó 508 recomendaciones sin cumplimiento.

“Y a la fecha, con las nuevas emitidas, suman 984 recomendaciones en trámite, lo que plantea que no han sido sancionados ni resarcidos los efectos de las violaciones de derechos que los motivaron”, declaró.

Incluso manifestó a los legisladores que, si ese dato no mueve a la acción y reflexión para revertir la tendencia, “¿qué otra cosa podría plantearse para asumir que ha llegado la hora de hacer cambio en ese sentido? Nos hace falta dar un paso más. Las víctimas lo esperan, aguardamos su acompañamiento en esta tarea”.

Piedra Ibarra reconoció que la imposibilidad de cumplir con la reparación del daño a las víctimas es la falta de presupuesto de las autoridades a quienes se dirigen las recomendaciones.

“Necesitamos su apoyo, que nos permita llevar hasta sus últimas consecuencias el mandato del artículo 1º constitucional, en el sentido de la obligatoriedad de todas las autoridades de promover, respetar y garantizar los derechos humanos”, expuso.