Nueva York. Un secuestro exprés del entonces secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y los pagos millonarios mensuales del cártel de Sinaloa durante nueve años era la manera en que líderes del esa organización criminal establecían quién mandaba en México, según declaraciones del primer testigo de los fiscales en el juicio al ex supremo policía y guerrero antinarcóticos de la vecina nación.

Sergio El Grande Villarreal, el primer testigo de los fiscales federales en este juicio continuó respondiendo al interrogatorio de ambas partes por segundo día; reveló que al estallar la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa entre las fracciones de los Beltrán Leyva contra la encabezada por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzman, Genaro García Luna informó a Arturo Beltrán Leyva que se mantendría “neutral”, lo cual lo enfureció y ordenó secuestrar al entonces secretario de Seguridad Pública.

El testigo informó que García Luna fue interceptado y “levantado” en la carretera rumbo a Cocoyoc en Morelos a pesar de que viajaba con una escolta y fue trasladado a otro vehículo donde sicarios se lo llevaron a una “oficina” para verse con Beltrán Leyva. Ahí le reprochó el arresto en 2008 de su hermano Alfredo, y después de unas horas, lo liberó y lo regreso a donde lo habían levantado y Arturo continuó los pagos mensuales y la colaboración con García Luna. Según El Grande, el secuestro exprés fue para mostrar “que no había nada imposible para Arturo” en México.

Esos pagos, según, el testigo en respuestas tanto a fiscales como a la defensa, fueron de aproximadamente un millón a un millón y medio mensuales al inicio en 2001, cuando García Luna era jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y a lo largo de los siguientes nueve años, con el crecimiento del cartel, llegaron a veces hasta a 3 millones de dólares cuando ya era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

En el segundo día del debate judicial entre fiscales federales y abogados defensores sobre si García Luna es o no culpable de aceptar sobornos multimillonarios cuando ocupaba los máximos puestos de seguridad pública y participar en una conspiración de narcotrafico. El interrogatorio del primer testigo se enfocó en el periodo entre 2006 hasta 2012 cuando el acusado ocupaba el puesto de gabinete.

El Grande declaró que los pagos continuaban pero que a partir de 2006 con la elevación de García Luna como secretario de Seguridad Pública ya no habían reuniones personales y menos llamadas por radio entre Arturo Beltrán Leyva y García Luna, y los pagos mensuales ahora se hacían a través de el brazo derecho del secretario, Luis Cárdenas Palomino. Pero el negocio creció y con el cómplice en el nuevo puesto, el cartel ahora tenía más control sobre carreteras nacionales, aeropuertos y puertos marítimos.

Y el acusado continuaba informando al cartel sobre operativos, cateos e inteligencia de otras agencias, todo a través de Cárdenas Palomino. Ofreció como ejemplo que les dieron un pitazo sobre un operativo que se estaba preparando para arrestar a Edgar La Barbie Valdés Villarreal en su boda. “Nadie fue a la boda, ni él. Sólo llegó el gobierno”, comentó El Grande.

García Luna también facilitó la entrega de equipo electrónico para interceptar comunicaciones al cártel, a través de un contacto israelí en México.

Pero también se incrementó la violencia entre rivales del cartel de Sinaloa, sobre todo con el cártel del Golfo y los Zetas. “Secuestraron a mi hermano”, contó El Grande, “entonces yo secuestré el contador de los Zetas”, pero por fin se realizó una negociación entre los Zetas y la Familia Michoacana y sus otros aliados por un lado, y el cártel de Sinaloa (sin El Chapo) del otro en 2006, con los líderes reuniéndose en Cuernavaca: “se negoció [la tregua] y se repartió el país” entre los presentes.

Pero contó que una serie de incidentes no sólo rompieron la tregua entre rivales sino también se provoco la ruptura violenta dentro del cartel de Sinaloa, la cual culmina con la eliminación en efecto de los Beltrán Leyva.

El Grande sería capturado en su casa en septiembre de 2010 por la Marina, y de inmediato le pidió a un almirante encapuchado que deseaba hablar con la DEA. Comentó que al principio no habló de lo que sabia de García Luna porque temía por su vida. En 2012 fue extraditado a Estados Unidos acusado de conspiración de tráfico de cocaina y lavado de dinero, y se declaró culpable bajo un acuerdo de cooperación con fiscales federales estadunidenses. Fue sentenciado a 10 años y con algunas reducciones de esa condena, ya cumplió el periodo de encarcelamiento y está libre bajo supervisión.

César de Castro, abogado del acusado, intentó mostrar la brutalidad extrema de El Grande y sus socios en su contra-interrogatorio del testigo, preguntando sobre si había participado en asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones y agresiones violentas de todo enemigo del cartel -tanto sus rivales como autoridades- preguntando si sabía “cuántos ya no respiran más en este mundo por usted”.

Los repetidos y terribles “sí” del testigo sobre si había participado o por lo menos atestiguado todo tipo de actos brutales, desde “volarle la cabeza a dos mujeres”, a estrangulamientos, entierros de vivos, algunos actos por sus amigos tan extremos que el propio testigo los califico de “sádicos”, fue seguramente espeluznante para el jurado. La violencia entre rivales y enemigos, declaró El Grande, “no fue personal, era supervivencia”. Pero insistió que en buena medida también “había reglas”.

La aparente estrategia era pintar a un testigo tan capaz de actos terribles y que a cambio de una condena reducida está más que dispuesto de participar en el juicio en contra de García Luna, es poco creíble.

Continuando con su estrategia que anuncio en la apertura, de Castro enfatizó que no existen pruebas que corroboren los cargos criminales contra su cliente mas allá de las declaraciones de testigos como El Grande, y al interrogarlo le recordó que en otro momento había informado a los fiscales de que su jefe Arturo Beltrán Leyva acostumbraba grabar conversaciones con socios incluyendo políticos, y que lo había hecho en sus reuniones con García Luna, pero que Villarreal no había entregado ninguna grabación audio o video a los fiscales.

El testigo solo respondió que “yo nunca los tuve; no entregué nada”

Con ello, concluyo la sesión y se invitó al segundo testigo en este juicio, el ex narcotraficante Tirso Martinez Sanchez, El futbolista, operador de medio nivel del cártel de Sinaloa encargado de usar carros tanque en trenes para ingresar toneladas de cocaína de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Aparentemente ayudará a los fiscales establecer cómo el acusado fue parte de la conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, pero su testimonio hasta ahora dejado somnoliento al jurado y al público (incluyendo periodistas).