Ciudad de México. El monto pagado por el servicio de la deuda del rescate bancario emprendido en 1995 casi duplica el monto original del pasivo adquirido por el gobierno en ese año, informó Jorge Eduardo Navarrete López, quien fue ratificado esta noche en comisiones para un segundo periodo de cuatro años como vocal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
En 1995, cuando en el sexenio de Ernesto Zedillo se adquirió la deuda de los bancos, la cifra ascendía a 552 mil 300 millones de pesos.
Al comparecer ante diputados y senadores, que votaron por unanimidad la idoneidad de su nombramiento, Navarrete López indicó que hasta ahora el IPAB ha pagado un billón 280 mil millones solo por el servicio de la deuda.
Durante su presentación ante los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda, el economista y embajador explicó que el IPAB dedica 75 por ciento de las cuotas que recibe de las instituciones de banca múltiple, al pago del componente real del servicio de esa deuda, sin que esa contribución haya sido suficiente para cumplir sus obligaciones.
Dada esa insuficiencia de las cuotas de los bancos, es que el erario ha erogado aquella cifra, abundó.
Navarrete López, cuyo nombramiento presidencial será ratificado mañana por la tarde en la sesión de la Comisión Permanente, manifestó que el aspecto más controvertido del instituto es su papel como administrador de la deuda del entonces Fondo Bancario de Protección al Ahorro o Fobaproa y de otros esquemas de rescate de ahorro bancario.
No obstante, indicó que “la estrategia para el manejo de ese enorme pasivo” ha permitido, como lo indica el informe anual 2021 del IPAB, “refinanciar las obligaciones financieras anteriores a la creación del instituto y evitar el incremento de la deuda en términos reales”.
El economista fue designado para un primer periodo como integrante de la Junta de Gobierno del IPAB, del 23 de enero de 2019, al 31 de diciembre de 2022.
Durante su comparencia, aclaró a los legisladores que la ratificación que busca es para un segundo nombramiento por cuatro años, que sería el último al que tendría derecho por ley.
