Lima. Este martes se realizará una “gran marcha nacional” exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. En la víspera, un nutrido grupo se manifestó por las calles del centro de Lima. Como en protestas anteriores, la policía reprimió la movilización. Lanzó gases lacrimógenos para evitar el desplazamiento de los manifestantes, que respondieron lanzando piedras y palos.

Al cierre de esta nota, la represión se endurecía. Hasta ese momento no había reportes de heridos.

Las protestas que estallaron en diciembre en el sur andino se han extendido a buena parte del país y han tomado protagonismo en Lima desde el jueves pasado, cuando hubo una multitudinaria movilización que fue duramente reprimida, dejando varios heridos y más de treinta detenidos. Esa represión ha continuado los días siguientes, pero no han parado las protestas, que desde el jueves se repiten diariamente en la capital.

Para este martes se espera una gran movilización de protesta concentrando en el centro de Lima a los distintos grupos movilizados, que en estos días se han manifestado con poca coordinación entre ellos.

Pobladores del interior del país han llegado a la capital para manifestarse por las calles de la ciudad, en lo que se ha llamado “la toma de Lima”. El gobierno los hostiliza, buscando presionarlos para que regresen a sus regiones. Pero ellos aseguran que no dejarán la lucha hasta conseguir la renuncia de Boluarte. Han estado en primera fila en las protestas de estos días en Lima. Organizaciones que los apoyan y alojan señalan que son “varios miles”. Nuevos grupos se preparan para ir a Lima.

Para responder por la intervención policial este sábado en la Universidad de San Marcos -denunciada como ilegal- para arrestar a cerca de 200 pobladores que han llegado a Lima para sumarse a las protestas, que estaban alojados en ese lugar, deberá ir al Congreso el ministro del Interior, Vicente Romero.

Pero el respaldo de la derecha lo protege de una posible censura que lo obligue a dejar el cargo. Los detenidos en San Marcos fueron liberados al día siguiente por la Fiscalía por no haber una razón para su arresto, confirmándose la arbitrariedad de esas detenciones. Su arresto y el maltrato y amenazas que sufrieron son parte del amedrentamiento contra quienes se movilizan exigiendo la salida de Boluarte y elecciones este año.

Bloqueos de carreteras

La llamada “gran marcha nacional” se replicará en distintas regiones, donde las protestas no han cesado un solo día desde que se reanudaron el 4 de enero después de una breve tregua navideña. Continúan los bloqueos de vías.

De acuerdo a un reporte oficial de este lunes, más de 70 piquetes bloquean vías de 10 de las 25 regiones del país. Las carreteras Panamericana Sur y Norte, y la carretera Central que lleva a las regiones andinas, las tres principales carreteras del país, han sido bloqueadas en distintos tramos. Este lunes hubo enfrentamientos en la región Huánuco, en el centro del país, cuando la policía arremetió contra un piquete de bloqueo en la carretera Central. Los enfrentamientos en las carreteras se han vuelto frecuentes, la policía ataca, desbloquea una vía, después vuelve a ser bloqueada. Centenares de vehículos, la mayoría camiones que trasladan alimentos, están detenidos en distintas carreteras por los bloqueos. En diferentes zonas hay problemas de abastecimiento.

El sur, paralizado

El sur andino del país, donde hay una huelga indefinida, sigue paralizado. Es la zona donde las protestas son más fuertes y la que ha sufrido la represión más dura. Ahí se han producido la mayor parte de los cerca de medio centenar de muertos por disparos de policías y militares.

En Arequipa, unos 900 kilómetros al sur de Lima, fue liberado un policía capturado por manifestantes el domingo. El efectivo policial fue retenido durante un ataque a la comisaría del distrito de La Joya. Según testimonios de manifestantes, citados por el medio arequipeño El Búho, ellos se estaban movilizando pacíficamente cuando la policía arrestó a dos personas, entonces fueron a la comisaría a exigir su liberación y fueron reprimidos por los efectivos policiales. Hubo disparos y heridos. Eso gatilló la indignación popular y se produjo el ataque a la comisaría. La policía terminó huyendo. En esas circunstancias fue capturado el efectivo policial, liberado horas después. En la costeña región Ica, unos 300 kilómetros al sur de Lima, manifestantes ingresaron este lunes a fundos de empresas agroexportadores.

En otro paso en la militarización del país, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, pidió que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad de los locales judiciales en todo el país. Justificó su pedido señalando que desde diciembre durante las protestas catorce locales judiciales han sido atacados en diversos lugares.

El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, declaró este lunes ante la Fiscalía en la investigación por las más de cuarenta muertes causadas por la represión. Otárola es la figura más influyente y autoritaria detrás de Boluarte. Ha justificado la cruenta represión y ha respaldado reiteradamente a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra manifestantes.

El rechazo a la presidenta Boluarte crece. La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, de perfil bajo en esta crisis, fue sacada a pedradas de un poblado en la norteña región de Piura, donde hasta ahora las protestas no se han sentido. Fue a inspeccionar obras de saneamiento, no había problemas, hasta que en su discurso mencionó elogiosamente a Boluarte y se desató la ira de los asistentes. La rabia ciudadana contra el gobierno de Boluarte respaldado por la derecha no da tregua.