Los productos ultraprocesados se han convertido en la principal fuente de sodio en menores de edad, sin embargo, la ingesta en grandes cantidades de este mineral puede mermar la calidad de vida y ocasionar problemas como el sobrepeso y la obesidad. Así lo expuso el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO) con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Actualmente, según datos citados por LabDO, las infancias consumen sodio de manera regular en diferentes productos: los menores en edad preescolar lo consumen principalmente en lácteos con 16 por ciento, cereales 13 por ciento, carnes procesadas 7.6 por ciento y condimentos 4.4 por ciento, mientras que los escolares lo ingieren en cereales 16 por ciento, lácteos 10 por ciento, carnes procesadas 7.9 por ciento y botanas saladas 4 por ciento. Por su parte, los adolescentes lo consumen en cereales 14 por ciento, lácteos 8 por ciento, carnes procesadas 7 por ciento y botanas saladas 4 por ciento.
Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a la sociedad a no consumir más de dos gramos de sodio al día, en México se ingiere más del doble de esa cantidad por persona. El consumo excesivo de esta sustancia podría aumentar casi en 40 por ciento la probabilidad de sufrir hipertensión arterial y la posibilidad de desarrollar cardiopatías y el riesgo de muerte prematura.
Desde 2020, México cuenta con el Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas (SEFAB), desarrollado por el INSP y estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM051-SCFI/SSA1-2010, el cual identifica a los productos procesados que contienen altas cantidades de sustancias causantes de obesidad, hipertensión y diabetes, como el sodio.
Firmas de alimentos industriales como Herdez y Santa Clara promovieron amparos para evitar la colocación de estos sellos, los cuales serán analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En este contexto, asociaciones como la Alianza por la Salud Alimentaria se han manifestado en varias ocasiones en la sede de la Corte para exigir que se avale la constitucionalidad de las normas del etiquetado frontal.
