El momento actual se caracteriza por el paro nacional y la marcha de los Cuatro Suyos o la llamada toma de Lima. El primero es un arma política de última instancia y se da en el caso en que todo el país se sienta afectado, agraviado. Se caracteriza por la toma de carreteras en todo el país; nadie puede transitar y si lo haces te arriesgas a las pedradas o a que te quemen el vehículo. Ahora incluye la toma de aeropuertos.

Sólo en casos muy excepcionales se hacen marchas de todas las regiones a la capital del país. De hecho, es una tradición muy antigua a la que se llamaba montoneras; de ahí viene el nombre de Montoneros. Eran grupos de gente armada que bajaba de la sierra y ponía en jaque al gobierno capitalino en turno.

La marcha de los Cuatro Suyos hace referencia a la división inca del espacio imperial y se llevó a cabo por primera vez para derrocar al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, quien huyó despavorido a Japón.

La marcha de hace unos días, si bien multitudinaria y violenta, no ha tumbado al gobierno de Dina Boluarte. Lo paradójico de todo esto es que los que marcharon habían votado por ella como vicepresidenta y se sienten traicionados. Y tienen razón: su gobierno empezó a reprimir y meter bala; ya van más de 55 muertos.

Ni bien dio el autogolpe de Pedro Castillo y lo tomaron preso, la señora Dina se sintió cómoda en el palacio de gobierno y en la silla presidencial, pero, sobre todo, se sintió arropada y reconocida por la derecha y muchos congresistas. Incluso, se rumora que formó parte de la conspiración para derrocar a Castillo.

Perú no es un estado fallido, es uno capturado por la oligarquía y los poderes fácticos. Con Castillo no pudieron hacerlo porque no tenía propiamente el poder y no sabían cómo controlarlo; siempre lo despreciaron y lo consideraron inepto, también, que su gobierno era temporal. Pero con Dina Boluarte la cosa es diferente, pues se deja querer.

Hay un problema adicional. En caso de caiga la vicepresidenta Boluarte, le tocaría el puesto al líder del Congreso, en este caso el general José William Zapata, con un prontuario importante. Fue el responsable de la matanza de Acomarca (69 muertos), comunidad campesina de Ayacucho considerada senderista. Luego fue el líder en el asalto armado a la embajada de Japón, tomada por los tupamaros (MRTA, 1996) cuando murieron todos los guerrilleros y ningún rehén. Se le considera héroe en la lucha contra el terrorismo; finalmente, fue jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, y ahora, ya retirado, es congresista.

Por eso, las consignas y demandas han cambiado. No sólo se trata de que renuncie la presidenta del país, sino también el presidente del Congreso.

La coyuntura política ha permitido que las bases sobrevivientes de Sendero Luminoso y sus organizaciones públicas el Movadef, que promueve legalmente la amnistía a los senderistas presos y el Conare –el ala senderista de movimiento magisterial– participen activamente en los movimientos de protesta del sur andino, del paro nacional y la marcha a Lima. Pero se les achacan a ellos las acciones más violentas.

Sin embargo, la prensa y los medios, de corte monopólico y de derecha, califican a todos los manifestantes de terroristas. No hay términos medios, ni matices. Un buen ejemplo es la crítica y la denostación del museo o Lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, que trata de informar, de manera mesurada, sobre los terribles 12 años de terrorismo de Sendero Luminoso y el también terrible enfrentamiento con las fuerzas armadas que dejó un saldo de 70 mil personas muertas.

Sobre este museo, el nuevo alcalde de Lima, ex candidato presidencial de derecha y miembro del Opus Dei, Rafael López Aliaga, propone cambiar la narrativa y dar a las fuerzas armadas el lugar que se merecen, por su sacrificio y haber derrotado a los senderistas.

Las protestas se dan en el sur andino, más pobre y con población indígena, mientras en el norte la gente sigue en lo suyo, trabajando y exportando. El sector obrero minero, de las grandes compañías, tampoco participa en las protestas, pero está enfrentado a las comunidades aledañas en disputas por la tierra, el agua, los caminos, la polución.

A su vez, los narcos, la minería informal y los taladores ilegales estaban a sus anchas con el gobierno de Castillo, que no controlaba nada.

Al parecer, sigue vigente la herencia de la dictadura de Fujimori, de considerar terrorista a cualquiera que protesta, política ahora replicada con el ingreso de la policía a la Universidad de San Marcos, donde los estudiantes dieron cobijo a los marchistas.

A los terroristas también les decían terrucos, y en la actualidad terruquear a cualquier hijo de vecino.

Se ha vuelto una práctica muy difundida, lo que polariza aún más la situación.