Zacatecas, Zac. Fresnillo y Zacatecas son las dos ciudades urbanas del país donde su población se siente más insegura, en comparación con los habitantes de otras demarcaciones, debido a la recurrencia de hechos violentos que perpetra la delincuencia organizada, aunado al hecho de que hasta ahora, pese al despliegue de cientos de policías y fuerzas armadas en la entidad, no se ha contenido la ola de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones.

De acuerdo con el más reciente informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborado por el INEGI a nivel nacional, correspondiente al cuarto trimestre del año 2022 -publicadas el pasado 19 de enero-, en promedio el 64.2 por ciento de la población de 18 años y más, “consideró inseguro vivir en su ciudad”.

Específicamente, durante el mes de diciembre de 2022, el 69.9 por ciento de las mujeres y 57.4 por ciento de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad.

Sin embargo, hay un grupo de ciudades donde estos indicadores se disparan. De acuerdo con este instrumento de medición trimestral del INEGI, las ciudades con mayor porcentaje de población “que se siente insegura”, fueron: Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Ecatepec de Morelos y Ciudad Obregón, con 97.7, 93.3, 92.6, 89.7, 89.6 y 89.2 por ciento, respectivamente.

El INEGI aclaró a través de un comunicado de prensa, que el ENSU, tiene como objetivo general “realizar estimaciones en torno a la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano. Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad”.

“La cobertura conceptual abarca la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación (sic) de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, la frecuencia de movilidad, los hogares víctima o con algún integrante víctima de robo y, o extorsión, víctimas de corrupción y las víctimas de acoso o violencia sexual”.

El INEGI aclara además que a partir de 2016 se han generado estimaciones representativas por ciudad. En este contexto, en cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en diciembre de 2022, 74.3 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 67.1 por ciento en el transporte público; 58.9 por ciento en el banco y 57.0 por ciento en las calles que habitualmente usa.

Percepción y realidad

Durante las últimas semanas, particularmente en diciembre y enero, Zacatecas ha vuelto a ser una de las entidades donde se ha mediatizado más la violencia, debido a que integrantes de la delincuencia organizada han atacado no sólo a grupos antagónicos, sino que ha perpetrado acciones contra la población civil.

Uno de los hechos que causó más conmoción y sigue sin ser resuelto por la Secretaría de Seguridad Pública local y Fiscalía General de Justicia del Estado, es el secuestro del niño Anthony Tadeo Núñez Trejo “Teo”, de 6 años de edad, quien fue sustraído del patio frontal de su casa, el pasado 20 de diciembre, por sujetos no identificados, en el municipio de Villa de Cos, distante 81 kilómetros al norte de la capital zacatecana.

Los familiares del niño y habitantes de esa comunidad han realizado manifestaciones públicas, pero a la fecha el menor no ha sido localizado.

Otro caso fue el secuestro y homicidio de las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, de 31 y 26 años de edad, así como la prima de éstas, Irma Paola Vargas Montoya de 27 años, quienes viajaban acompañadas por José Melesio Gutiérrez Padilla, de 36 años, el pasado 25 de diciembre, y fueron interceptados en la carretera federal número 23, de la ciudad de Jerez a su natal Colotlán.

Hubo manifestaciones multitudinarias en las ciudades de Guadalajara y Zacatecas, exigiendo a las autoridades su localización, sin éxito. Hasta el pasado 16 de enero, cuando en el municipio zacatecano de Tepetongo, fue localizado el vehículo y los restos de las 4 víctimas.

Sólo durante los primeros 22 días de enero, en la entidad se han registrado 90 homicidios violentos, y al menos 25 privaciones ilegales de la libertad, con reportes de “persona no localizada”, ante la FGJEZ. Una tasa de delitos por cada 100 mil habitantes de las más elevadas del país, considerando que el estado de Zacatecas tiene una población que apenas rebasa 1 millón 600 mil habitantes. Entre las acciones criminales, se contabilizan ataques armados en los que han resultado heridos o muertos, niños y miembros de familias.

Por ejemplo, la madrugada de este domingo, en el barrio de la Pinta, en la capital de Zacatecas, tres hermanos –entre ellos el chofer del taxi-, fueron asesinados a tiros. Minutos antes, en la cabecera municipal de Calera, sujetos armados irrumpieron en un salón de fiestas, donde se realizaba una boda, baleando a cuatro personas. Dos murieron y dos más resultaron gravemente heridas, entre ellas un niño de 11 años.

Otro hecho que causó conmoción fue la localización del cuerpo de un niño de 10 años que presentaba impactos de arma de fuego, estaba envuelto en cobijas y fue enterrado en un lote baldío en el municipio de Noria de Ángeles.

Ante la ola de violencia y las críticas, el gobernador David Monreal Ávila, optó por evitar a los medios de comunicación, al no presentarse a la ceremonia oficial de destrucción de armamento, en la 11 zona militar de la ciudad de Guadalupe.

La cita era a las 10:00 horas. Al evento se presentó Gabriela Pinedo Morales, Secretaria General de Gobierno, en representación del gobernador. También estuvo presente Francisco Murillo Ruiseco, fiscal del estado. Después de todo el acto protocolario, donde se inició la destrucción de 586 armas largas y cortas, así como cargadores y cartuchos, ya sin la presencia medios de comunicación, minutos después, David Monreal Ávila se presentó en la base militar, con su equipo de prensa gubernamental, para tomarse las fotos, para la difusión oficial respectiva.

Apenas el jueves pasado, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, reveló a propósito del caso de los cuatro jóvenes de Colotlán, secuestrados y asesinados en Zacatecas, que era difícil implementar acciones coordinadas de seguridad pública en los límites de ambas entidades, porque de entrada, no podía comunicarse directamente con David Monreal Ávila, ya que éste “no me toma las llamadas telefónicas”.