Washington. A un par de cuadras de la Casa Blanca, cientos de intelectuales, abogados, activistas en defensa de derechos civiles, legisladores y periodistas se reunieron en el Club Nacional de Periodistas para demandar que el presidente Joe Biden deseche todos los cargos criminales contra Juilan Assange y ponga fin a la persecución del fundador de Wikileaks, que se encuentra encarcelado en Inglaterra donde lucha contra esfuerzos para extraditarlo a Estados Unidos.
El Tribunal Belmarsh, llamado así por el nombre de la prisión donde está ahora Assange, incluyó testimonio sobre los creciente intentos para usar leyes estadunidenses y la “seguridad nacional” para minar la libertad de la prensa como también para informar sobre reuniones recientes con el presidente Andres Manuel López Obrador y otros mandatarios latinoamericanos que han ofrecido su apoyo en el esfuerzo internacional para liberar al periodista australiano. Los organizadores del foro de este viernes informaron que otras cinco mil personas participaron de manera virtual en este evento.
Assange está formalmente acusado de violar la “Ley de Espionaje” - promulgada hace un siglo para perseguir a espías alemanes durante la Primera Guerra Mundial - por obtener y publicar documentos militares y diplomáticos secretos. “Obligar al gobierno a rendir cuentas es central a la misión de una prensa libre y una democracia funcional”, afirmó en el foro Katrina vanden Heuvel, directora de la revista The Nation, publicación que ha exigido desde el inicio que los cargos sean desechados.
A fines del año pasado, el New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País - todos los cuales publicaron material secreto entregado por Wikileaks- emitieron una carta abierta llamando a que el gobierno de Estados Unidos anule los cargos contra Assange.
Noam Chomsky, hablando vía videoconferencia desde su residencia en Arizona, agregó que “la Ley de Espionaje no tiene lugar en una sociedad libre y democrática”, y afirmó que “no debe sorprendernos que esa ley está siendo utilizada para castigar a periodistas… dejar saber a los ciudadanos que está haciendo el gobierno en su nombre es un delito imperdonable para muchos gobiernos”.
