Quito. Agentes de la Fiscalía ecuatoriana allanaron el viernes nueve domicilios en las ciudades de Guayaquil y Quito en el marco de la investigación de un presunto caso de corrupción que involucra al cuñado del presidente Guillermo Lasso.
Un mensaje de la Fiscalía publicado en Twitter señaló que durante el operativo se recogieron evidencias como documentos, memorias digitales, celulares, computadores y joyas, entre otros.
El periodista venezolano Andersson Boscán -quien vive desde su infancia en Ecuador-, denunció en el medio digital La Posta que funcionarios públicos habrían solicitado cuantiosas sumas de dinero para presuntamente beneficiar a Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
El aludido, que rechazó la investigación periodística y exigió que se entreguen pruebas que lo involucren, presentó el lunes una demanda judicial de reparación por daño moral contra el periodista por 500 mil dólares.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseveró en una rueda de prensa que la decisión del gobierno es “que se investigue lo que se tenga que investigar” y rechazó la existencia de una trama o estructura criminal.
Añadió que la vivienda de Carrera no fue allanada por la Fiscalía y declinó dar los nombres del resto de los propietarios de los domicilios allanados aduciendo que esa información está bajo reserva.
Tras la denuncia la presidencia exigió la renuncia de los gerentes de todas empresas estatales, cuya gestión será sometida a exámenes especiales por parte de la Contraloría del Estado.
Lasso, en un mensaje de vídeo en Twitter, dijo a inicios de semana que pidió a la policía la inmediata localización en territorio nacional o en el exterior de los implicados Hernán Luque, exfuncionario del sector eléctrico, y de su supuesto cómplice Rubén Chérrez.
Acerca de Luque, la policía confirmó que salió vía aérea el 9 de enero a Argentina, mientras que Chérrez ingresó a Ecuador el 3 de enero.
Tras las revelaciones periodísticas Boscán denunció que en las inmediaciones de su oficina aparecieron amenazas pintadas en las paredes y respondió que no teme ir a los tribunales de justicia.
La Sociedad Interamericana de Prensa pidió al gobierno que “investigue las amenazas y garantice la seguridad del periodista”.
