Ciudad de México. La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y todas las organizaciones que integran el Consejo Tiyat Tlali, reprobaron las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador que emitió el pasado 18 de enero sobre la minería canadiense en su conferencia matutina en la Ciudad de México.

Los organismos señalaron ayer desde la Sierra Norte de Puebla, que es inaceptable y totalmente falsa la afirmación del Presidente López Obrador cuando dice que “la mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio y que se cuide el medio ambiente”; consideramos que dicha aseveración es un agravio a todos los pueblos que hemos vivido graves situaciones de daños en nuestros territorios y agresiones a nuestra salud y seguridad.

Como muestra de ello son las violaciones a nuestros derechos humanos -las cuales tenemos documentado- debido a la actividad de exploración de la Minera Gorrión de Almaden Minerals en la localidad de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

El caso de la minera Equinox Gold, que criminalizó a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto cuando los ejidatarios protestaron por el incumplimiento al convenio con el Ejido de Carrizalillo, Guerrero.

También la empresa Pan American Silver que llevó al desplazamiento forzado de la comunidad La Colorada, Zacatecas, para poder expandir sus operaciones. La minera Great Panther que contaminó el agua de las presas La Soledad y La Esperanza, en Guanajuato. La grave contaminación en cuerpos de agua de Cocula, Guerrero, debido a derrames de arsénico de la empresa Media Luna, subsidiaria de Torex Gold negándose a respetar los derechos laborales más elementales.

La Mina de Oro Dolores de la empresa Minefinders en el ejido Huizopa, Chihuahua, en donde se realizaron protestas por extender su operación a terrenos sin respetar acuerdos con los ejidatarios. Es reprobable, la omisión por parte del gobierno canadiense para evitar el asesinato del defensor Mariano Abarca en Chicomuselo, Chiapas, lo cual fue reconocido por el juez federal de Canadá, Keith Boswell, que señaló: “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México “hubiese actuado de otra manera”.

Decir que “la mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio, que se cuide el medio ambiente”, deja clara que la posición del gobierno federal antepone el crecimiento económico y la ganancia al cuidado de la vida.

Nos queda claro que su falta de interés para modificar la ley minera vigente que favorece los intereses empresariales por sobre los del pueblo, deja abierta la puerta para que las empresas mineras sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos y generando devastación ambiental en nuestro país.

Esa situación mantiene los riesgos de agresión hacia todos aquéllos que estamos dispuestos a seguir defendiendo el agua y el territorio porque de eso dependen nuestras vidas.

Como consecuencia el gobierno federal es responsable de las agresiones que estas empresas continúen generando hacia defensores del territorio y la madre tierra ante la omisión de actuar para frenar la devastación ambiental y el despojo al pueblo de México.

Nos unimos a la exigencia de la aparición con vida del profesor Antonio Díaz y del abogado Ricardo Lagunes defensores de derechos humanos.