Hoy hay agrupaciones armadas que se pueden repartir en tres: la vertiente del paramilitarismo de la era Uribe Vélez, cuya matriz son las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las estructuras armadas del Estado tras su estrategia contrainsurgente vestida de lucha contra las drogas y en tercer lugar, las de las guerrillas tradicionales. Las primeras tienen tres expresiones: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas del paramilitarismo narcotraficante del periodo de Uribe Vélez –desde que fue gobernador hasta presidente–, que constituyen un poder muy parecido a las estructuras armadas en México, con significativo control político territorial, nodos subregionales que les permiten el funcionamiento del circuito de economías ilegalizadas a legalizadas que surten financiamiento no sólo a los aparatos armados, sino a las estructuras de poder regionales y nacionales. Desmontarla –como anuncia el presidente Gustavo Petro– pasa por develar las entrañas del poder en el país, y paradójicamente, a lo que se opone la Fiscalía General de la Nación. Otra estructura, heredera también del paramilitarismo narcotraficante, se denomina la Autodefensa Conquistadores de la Sierra Nevada, que quiere presentar a un jefe paramilitar que regresó de una cárcel en Estados Unidos de líder social y gestor de paz, tiene interés en ser partido político y crear un municipio en la región.

La segunda vertiente son las estructuras armadas del Estado repartidas en las múltiples fuerzas del Ministerio de Defensa y que devienen de una fractura radical tras más de 20 años de involucrarse en la ficción de la lucha contra las drogas, lo cual significó exponerlas a una tarea sin doctrina, en la que se convirtieron en la fuente de know-how de guerra para los ejércitos privados de los traficantes de cocaína y mariguana, las expuso al descrédito de hacer tareas para los que no estaban preparados, como patrullar entre cocales y profundizar la corrupción interna que se divide en generales encargados de cárteles de tráfico de cocaína y mariguana, de mercadeo de ascensos y de contrataciones.

En tercer lugar la vertiente de los grupos guerrilleros, entre los que se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), heredero de la teología de la liberación y de la lucha obrera-campesina basada en una estructura horizontal de toma de decisiones que se reparte en áreas muy puntuales del país, como el Pacífico y la frontera con Venezuela y ha sabido fundirse de forma menos forzada que las otrora FARC-EP con el mundo urbano del país. El financiamiento cambia regionalmente en un abanico entre control de mercados de la cocaína y de extracción petrolera y, a diferencia de los nodos políticos del paramilitarismo que controlan el poder del Estado en muchas re­giones, es un faro legítimo para sectores populares que encuentran su aliento y reivindicación ahí.

De las FARC-EP surgieron agrupaciones que en los avatares de estos años se han aglomerado o separado. Dos mandos medios que no se sumaron a los acuerdos de La Habana formaron un grupo reivindicándose herederos de Manuel Marulanda y han formado un grupo que aglutina tropa variopinta compuesta de ex guerrilleros firmantes y no firmantes de los acuerdos, desertores, desmovilizados de antiguos procesos de reintegración y nuevos reclutas. Éstos se autoidentifican hoy bajo la batuta del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP y acusan de paramilitares y traidores a las FARC-EP Segunda Marquetalia, fuerza que se rearmó posteriormente. Esta última se nutre de las fracturas internas que aprovechó el gobierno de Juan Manuel Santos en su estrategia de desmovilización de esta guerrilla. Privilegiar unos y aislar a otros –hasta el punto que casi extraditan a uno de estos últimos a Estados Unidos en una trampa montada por la DEA– provocó el rompimiento definitivo de su confianza en los acuerdos y el Estado colombiano. La Segunda Marquetalia está formada por un colectivo de mandos emblemáticos de los cuales varios han sido asesinados en operaciones organizadas por la DEA con colaboración de ex guerrilleros y militares colombianos.

El EMC declaró la guerra a las FARC-EP Segunda Marquetalia y tiene enfrentamientos con el ELN. Las AGC tienen enfrentamientos con el ELN y siguen amenazando liderazgos sociales en todo el país. El ejército colombiano sirve a los intereses políticos y económicos haciendo acuerdos regionales puntuales con unos y otros, sus fracturas los llevan a ser un ejército mil caras que van desde la contrainsurgencia hasta el negocio.

La propuesta de Paz Total de Petro intenta abrir el camino de desmonte de las estructuras armadas no estatales y acabar las fracturas de las estatales. Apenas llegó purgó las fuerzas armadas, pero la estrategia con las no estatales no es clara. El poder reaccionario en Colombia impulsó concebir el conflicto como una guerra de cárteles, promovió introducir en los medios la idea de la narcotización de las guerrillas y la politización de los ejércitos narcotraficantes paramilitares. La ingenuidad de la Paz Total es repetir este error y pretender entender a las estructuras con el mismo marco discursivo del narco vs ideología. Es pretender usar un debate público simplista y una legislación anacrónica para una guerra que no sólo en Colombia, sino en el mundo desde hace varias décadas, se libra de otras formas. Nos dejaría al país además sin la verdad y justicia que debe el paramilitarismo narcotraficante para conocer de los pactos del poder estatal y privado con los traficantes y, por otro lado, del reconocimiento de las causas estructurales de la guerra que perviven hasta hoy, y que quieren reducir a una pelea por narcotráfico. Las camisas de fuerza del lugar común y el moralismo elitista pueden hacernos caer en ingenuidades, y con eso, más guerra. De la ingenuidad al saboteo a la paz sólo hay un brinco.

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva