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Persiste impunidad en asesinato de camarógrafo retirado de Guanajuato

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Rosa María Rodríguez Buendía, viuda del camarógrafo retirado atropellado intencionalmente el 19 de julio en León, Guanajuato. Foto Carlos García
19 de enero de 2023 17:10

León, Gto. A seis meses del asesinato del camarógrafo jubilado del área de noticias de TV4 -televisora del estado-, Enrique Sosa Martínez, el caso sigue impune porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido arrestar al empresario, Miguel Ángel García, quien atropelló intencionalmente y pasó varias veces una camioneta sobre el cuerpo del periodista.

Rosa María Rodríguez Buendía, viuda de Sosa, sigue esperando la justicia que le prometió el fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, a pesar de que supuestamente se integró un grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para arrestar al homicida y se emitió una “ficha roja” para que sea buscado a nivel nacional e internacional.

El 19 de enero se cumplieron seis meses del homicidio de Enrique y “no ha pasado nada, seguimos en las mismas, no han agarrado a este señor”, lamentó la viuda.

Hace dos meses, el fiscal general se reunió con Rosa María y “me dijo que me iba contactar una cita con los licenciados de él -Miguel Ángel García- para llegar a un acuerdo, con los abogados de quien mató a mi marido”.

A pesar de que existe una alerta migratoria para que el asesino no pueda salir del país; de acuerdo con versiones de personas que lo conocen, Miguel Ángel García tiene varios meses viviendo en España y su familia le envía dinero, comentó.

“Esto se lo comenté al fiscal y le comenté que le mandan dinero, él dice que no es cierto. No entiendo cómo se fue si tenía una alerta para que no pudiera salir del país”, reprochó Rodríguez Buendía, en entrevista con La Jornada.

“Lo único que pido es justicia, yo ya estoy grande, no tengo un sostén, él era mi sostén, no es posible que este libre un asesino. No hay justicia, yo pienso que lo están protegiendo o no quieren avanzar en el caso”, declaró.

La viuda lamentó que la Fiscalía General del Estado arrestará en un par de días a los asesinos del hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez; y a los homicidas del periodista de San Luis de la Paz, Ernesto Méndez; y no pueda detener a un empresario.

A raíz del asesinato del periodista jubilado, el gobierno del estado se comprometió a dotar a la viuda de una casa y a revisar la pensión de Sosa. Como el dinero que recibían de la pensión no les alcanzaba para cubrir sus gastos, Enrique y Rosa trabajan como encargados del estacionamiento que brinda servicio al restaurante El Gaucho.

“La pensión quedó muy baja, la casa me dicen que tengo que renovar un contrato porque todavía no están las escrituras, ya pasaron seis meses y no han salido las escrituras”, reveló.

A través del Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI), el gobierno estatal y el municipal entregaron un departamento a la viuda de Enrique Sosa, pero firmó un contrato de arrendamiento por seis meses, con mensualidad cero, mientras emitían las escrituras.

“No entiendo que es lo que está pasando, según me dijeron que ya es mío”, externó.

En caso de que la FGE no arreste a Miguel Ángel García; Rosa María anunció que acudirá a la conferencia “mañanera” para pedirle apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de julio del 2022, Miguel Ángel García salió del restaurante El Gaucho y como no quiso pagar 40 pesos del estacionamiento, pasó su camioneta varias veces por el cuerpo de Enrique Sosa Martínez, quien se desempeñaba como encargado del negocio.

El camarógrafo del área de noticias TV4 tenía cinco años de jubilado, pero trabajaba porque la pensión que recibía era insuficiente para cubrir los gastos de su familia. Murió al día siguiente en un hospital.

“La tarea que he garantizado a la familia es que el grupo de trabajo sigue de manera permanente hasta que se logre la cumplimentación de la orden de aprehensión”, declaró el fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, en agosto del año pasado.

En esa ocasión informó que asignó a un grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal para cumplimentar la orden de aprehensión.

“Pedimos el apoyo a nivel nacional e internacional para que se emitiera la alerta roja, para efecto, primero de una alerta migratoria, para que no pueda salir del país y posteriormente su búsqueda a nivel nacional”, dijo el año pasado.

 

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