El presidente Andrés Manuel López Obrador devolvió al Congreso y pidió desechar en su totalidad, una reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que incluye como requisito para ser magistrado, comprobar experiencia profesional de cinco años en materia agraria y obliga al Ejecutivo a justificar la idoneidad de candidatos a magistrados.

Conforme al artículo 72 de la Constitución, apartado B, el Ejecutivo puede realizar observaciones, en todo o en parte, de una reforma aprobada por el Congreso, y el apartado C prevé que, cuando un proyecto de ley o decreto sea devuelto por el Presidente, será regresado a la cámara de origen –en este caso el Senado-, donde deberá ser discutido nuevamente, pero solo será aprobado si se confirma con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes y ratificado por la otra cámara.

Se trata de una reforma que, a iniciativa del Partido del Trabajo, el Senado aprobó el 2 de febrero de 2022 con 90 votos en favor y dos abstenciones; la modificación se ratificó por la Cámara de Diputados el 8 de diciembre pasado, donde pasó con 433 votos en favor y uno en contra.

Entre los cambios validados por las dos cámaras se incluye que, al concluir su encargo de seis años, los magistrados del Tribunal Superior Agrario solo podrán ser ratificados, por una sola ocasión, para otro periodo improrrogable de nueve años.

Con tal disposición se elimina la cláusula de inamovilidad de los magistrados.

En sus observaciones, López Obrador señala que el Congreso no incluyó ningún argumento para justificar el requisito de comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en la materia.

Además, cita que la Constitución no considera tal requisito y destaca que ni en la iniciativa de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos (PT), ni el dictamen, se incluyó “argumento alguno que sustente que, requerir la especialización señalada, tiene alguna ventaja para el desempeño de las funciones” de los juzgadores en materia agraria.

Tampoco, agrega, se justifica cómo ha perjudicado en el desempeño de la justicia agraria, el hecho de no haber requerido tal especialización, pues durante 30 años de existencia de los tribunales, no se ha solicitado a los aspirantes.

Para el mandatario, “más que el conocimiento formal, debe tomarse en cuenta la solvencia profesional, calidad ética, capacidad de análisis y razonamiento lógico-jurídico, demostrada con la experiencia profesional y formación académica”.

Respecto de la eliminación de la inamovilidad de los magistrados, el Presidente cuestiona que, entre los argumentos de la iniciativa, se planteó que se impediría que los problemas de salud atribuidos a la edad de los magistrados, pudiera afectar de manera sustantiva su trabajo, y que incluso la designación de nuevos magistrados “evitaría la mentalidad rígida atribuida a la edad”.

En ese sentido, el mandatario considera que se trata de “argumentos evidentemente discriminatorios, ofensivos y contrarios al artículo 1º constitucional y al marco convencional de protección de los derechos humanos”.

Además, refiere que en la iniciativa se considera que suprimir la inamovilidad busca dar certeza a los integrantes del sistema tribunales agrarios sobre la temporalidad para ser magistrado, medida que reservaría solo al personal de la institución el derecho a ese cargo.

También resalta que llevar a la ley en la materia la obligación del Ejecutivo el justificar la idoneidad de sus propuestas de magistrados agrarios, excedería la Constitución y afectaría la división de poderes, sobre todo cuando no especifica qué elementos constituyen dicha idoneidad.