Unas 40 organizaciones, colectivos e instituciones comunitarias, además de investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, politólogos, abogados, sociólogos, economistas y periodistas emitieron un pronunciamiento para exigir la inmediata presentación con vida del abogado y defensor de los derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y del dirigente de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, desaparecidos el domingo 15 de enero en el trayecto entre Aquila y Tecomán, Colima.
Recalcaron que Lagunes acompañaba a la población nahua de Aquila en su defensa legal frente a la trasnacional minera Ternium, “que explota las tierras comunales de manera irregular, incumpliendo lo pactado y en colusión con grupos del crimen organizado”.
Añadieron que “la comunidad nahua de Ostula, que pertenece al municipio de Aquila, ha mantenido un fuerte proceso organizativo y logrado la recuperación de sus tierras; sin embargo, su lucha ha costado la vida de 35 comuneros y la desaparición de otros cinco desde 2009 a la fecha.
“El 12 de enero 2023, hace apenas unos días, fueron asesinados tres integrantes de la Guardia Comunal de Ostula, institución comunitaria cuya labor en garantizar la seguridad del pueblo ha sido sistemáticamente obstaculizada y criminalizada por parte de las autoridades estatales”.
El “secuestro y desaparición” de Ricardo y Antonio, sostuvieron, se da en un contexto de “elevada vulnerabilidad de la población nahua que habita la región costera de Michoacán, víctimas desde hace años del crimen organizado, de la voracidad de empresas extractivas, de la corrupción institucional y el reiterado desconocimiento de sus derechos colectivos a la tierra y a la autonomía”.
Destacaron el compromiso de Ricardo Lagunes con la comunidad de Aquila, ya que su trayectoria se ha concentrado en la defensa de tierras ejidales y comunales frente a megaproyectos, despojos y violaciones de derechos humanos.
Indicaron, además, que su acompañamiento legal en diversos estados como Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Campeche ha dado como resultado la protección de miles de hectáreas de tierras, “de valiosos ecosistemas” y de derechos colectivos, especialmente de comunidades indígenas.
“Nos alerta e indigna la escalada de violencia en contra de defensores, periodistas, representantes comunitarios y ambientalistas que están viviendo muchas regiones de México en meses recientes.
“La intervención de los grandes y pequeños cárteles de la delincuencia organizada en el despojo de todo tipo de bienes comunes naturales –bosques, agua, minerales, tierras y parajes con vocación turística- está creciendo y manifestándose de manera abierta y descarada en la total impunidad”, señalaron.
Explicaron también que Lagunes contaba con medidas cautelares por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y sin embargo, “como en muchas otras ocasiones”, esto no sirvió de manera efectiva para proteger su integridad.
“El incremento de la presencia de las fuerzas armadas en distintas regiones del país, evidentemente, no tiene utilidad para detener la violencia en contra de los pueblos indígenas y de los sectores más vulnerables de la ciudadanía”, reclamaron.
Dicho documento fue firmado por: el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Comité Ejecutivo del Frente Sindical de Trabajadores Independientes; SERPAJ-MÉXICO, Pietro Ameglio; Latino Advocacy (Tacoma, EEUU), Maru Mora Villalpando; Centro de Estudios de la Cuenca del Río Magdalena Atlitic; Bajo Tierra Ediciones entre otros organismos.
Además de investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH y académicos de la UAM, UNAM; CIESAS-CDMX y CIESAS.
