Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no evade su responsabilidad en el caso del plagio académico atribuido a la ministra Yasmín Esquivel, ya que después de estudiar y comprobar la irregularidad denunciada, envió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la documentación del tema, por lo que en este momento la casa de estudios ya no tiene ninguna acción pendiente por realizar.

Así lo afirmó el abogado general de la máxima casa de estudios, Alfredo Sánchez Castañeda, quien admitió que existe un vacío legal en la universidad en materia de plagio –el cual podría ser resarcido pronto por el Consejo Universitario (CU)– y subrayó que la institución no se puede manejar por presiones sobre lo que diversos sectores consideran debería hacerse en el caso de la ministra.

En entrevista con La Jornada, el funcionario insistió en que la UNAM no está evadiendo su responsabilidad, sino actuando conforme lo marca su normatividad. Hasta el día de hoy, no tenemos una norma que nos permita retirar un título (profesional), aunque eso no quiere decir que no la pueda haber en el futuro.

De igual forma, subrayó que el Tribunal Universitario en este momento sólo tiene facultades para estudiar casos similares de estudiantes o académicos, no de egresados, razón por la cual debe apegarse estrictamente a lo que le permiten sus leyes actuales.

Yo no puedo hacer interpretaciones poéticas, filosóficas o sociológicas, si me permite la expresión, ni tampoco hacerlas por analogía o dentológicamente. A mí me corresponde hacer interpretaciones de naturaleza jurídica. El principio de reserva de ley indica que algo se puede hacer sólo si así está determinado en una ley en particular, dijo.

Una vez que la UNAM identificó que no tenía mayores facultades en el tema, “le remitió un oficio a la SEP ‘para los fines que pueda determinar’. Yo no le puedo ordenar qué hacer, sólo decirle: ‘detecté esto y lo hago de tu conocimiento’”.

Al ser interrogado sobre la percepción de que la universidad y el gobierno federal estarían echándose la bolita en el caso de Esquivel, Sánchez Castañeda recalcó que hacer más de lo que dicen sus normas implicaría que la UNAM se extralimitara, por lo que será el CU el órgano que probablemente analice en sus próximas sesiones cuáles reformas deben llevarse a cabo para sancionar el plagio”.

–La universidad lo que tuvo que hacer, ya lo hizo, y ahora tiene que evaluar las posibles reformas a la normatividad, con el alcance que el CU determine. El rector ya lo hizo del conocimiento de la Comisión de Legislación Universitaria para que se haga un análisis.

Con respecto a las notas informativas que la Oficina de la Abogacía General de la UNAM lanzó en 2007, una de las cuales mencionaba la posibilidad de retirar un título profesional en caso de plagio, Sánchez Castañeda especificó que dichos textos sólo son documentos de apoyo, de trabajo, pero no constituyen una norma jurídica aprobada por la universidad.

Las dos notas mencionadas –sobre las que este diario informó el sábado pasado– fueron señalamientos de un caso particular, del cual no puedo mencionar más datos, pero que es de una persona a la que no se le retiró el título y me parece que realizó estudios de posgrado.

–¿Qué podría pasar si la presión social fuera mucha y la UNAM accediera a retirarle el título a Esquivel?

–A título personal, me parece que la universidad no se puede manejar por presiones sociales. No es una cuestión de patíbulo público, sino de que la UNAM actúe conforme a su naturaleza y esencia.

Aquí muchos tienen expectativas, con otras finalidades o intereses, pero desde el punto de vista jurídico, yo me tengo que separar de todo ello y decir lo que establece la norma. Si coincide con A o con B, es otra cuestión, pero no puede la universidad estar respondiendo a expectativas divergentes.

El abogado recalcó que la UNAM no le teme al debate de ideas, pero llamó a ver el bosque y no sólo un árbol en específico. Este es un hecho lamentable (el del plagio), pero no dejemos de ver que la universidad es mucho más grande que eso.