Es muy conocida la grave situación de inseguridad, despojo y violencia que ciudadanía y pueblos indígenas viven en regiones de Michoacán, causada por la presencia del crimen organizado. Sabemos que tan grave situación no es privativa sólo de esa entidad. Sin embargo, es importante señalar el contexto específico de la organización de la guardia comunitaria en esa región, lo cual tampoco es el único caso en el país, basta señalar a la policía comunitaria del estado de Guerrero. Ciertamente los argumentos del Estado contra estas organizaciones de defensa son similares como también la incapacidad manifiesta de los tres niveles de gobierno para cumplir con la obligación de garantizar seguridad a la ciudadanía y a los pueblos indígenas.

Justamente tenemos el ejemplo en Michoacán, cuyo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el pasado 6 de septiembre declaró que su gobierno está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas que, aparte de ser ilegales, obstruyen el libre paso de los ciudadanos. En su declaración puso especial énfasis en el municipio de Aquila, al que pertenece geográficamente la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula. Reiteró que en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley. Ramírez respaldó su postura con una reforma a la ley del Sistema de Seguridad, relacionada con la ley orgánica municipal, que pretende que sólo se permita operar a las rondas y guardias comunales de comunidades con autogobiernos reconocidos por el instituto electoral y que ejerzan presupuesto directo. Cuestión que no es el caso de Ostula y Aquila. Como vemos, no considera el derecho a la libre determinación que establece la Constitución en el país y los instrumentos internacionales. En esa lógica llegamos al absurdo de que grupos al margen de la ley eliminaron el pasado 12 de enero a guardias comunitarias que actúan al margen de la ley. La resistencia indígena lleva varias décadas; sólo consideremos el despojo sufrido en abril de 1964 cuando el presidente de la República emitió una resolución sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales en favor de Santa María Ostula, dejando fuera una importante porción de su territorio ancestral, el cual fue invadido por particulares que a lo largo de los años han dado pelea jurídica para que se les reconozca como propietarios a la par que lo ha hecho la comunidad de Ostula para recuperar las tierras excluidas de la resolución presidencial y continúa en esa lucha con altos costos, a la fecha suman 35 comuneros ultimados y cinco desaparecidos por causa del conflicto social agrario.

Un paso importante fue el del 29 de junio de 2009 que recuperó una importante porción de tierras comunales y estableció el poblado de Xayakalan, apoyado en la refundación de su guardia comunal, reorganizada con sus encargaturas por decisión de su asamblea general por usos y costumbres, que ha librado una ardua batalla contra el crimen organizado y logrado garantizar la paz en las comunidades de esa región.

Los crímenes del pasado 12 de enero son parte de una cadena de agresiones y una escalada contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, la cual ya declaró que reforzará las acciones de defensa de su guardia comunitaria. Una prueba más de la lucha que ha enfrentado a lo largo de su histórica resistencia.